El ingreso a la charla informativa es libre y para participar solo es necesario registrarse en el siguiente enlace:

Si está pensando especializarse en una de las ramas del Derecho más relevantes en la actualidad, aproveche esta oportunidad para conocer las oportunidades que brindan los PSE. ¡Les esperamos en la charla informativa!

Información de la charla informativa

Fecha: martes 30 de junio

Hora: 5 p.m.

La entrada ¿Pensando en cursar un Programa de Segunda Especialidad? Participe de la charla informativa este martes se publicó primero en Facultad de Derecho.

Los terremotos tuvieron como epicentro dos localidades situadas a 200 kilómetros aproximadamente de la capital del país, Caracas, con una magnitud de momento de 7.2 y 7.5, y ocurrieron con 39 segundos de diferencia. Su efecto fue catastrófico en la zona recreacional de playa denominada La Guaira, a 27 kilómetros de Caracas, mientras que en esta ciudad capital el desastre fue menor pero igualmente muy grave.

Las noticias reportan más de 300 edificios caídos en forma de «panqueque» o por inclinación, lo que ha producido la cifra enorme de desaparecidos. Edificios de 20 pisos o más se desplomaron por las ondas expansivas del terremoto, según las imágenes que se difunden por internet. Las viviendas privadas o precarias igualmente se afectaron. La NASA calcula en 58 870 los edificios dañados o destruidos, según imágenes satelitales difundidas también por internet. En conjunto se calcula que, de una población total de 10 millones del área de influencia de los terremotos, de 3.5 a 5 millones de personas se encuentran afectadas, donde los niños y los ancianos resultan los más vulnerables.

Si bien la solidaridad internacional ha hecho posible que al menos 25 países hayan enviado rescatistas para salvar la vida de las personas atrapadas por los escombros de los edificios o las viviendas caídas, la cifra de salvataje es mínima. La falta de maquinaria, de un lado, dada la magnitud del desastre en una zona muy poblada, y la crisis económica del país, de otro lado, llevan a estos resultados. Lo triste es que, habiendo transcurrido más de 72 horas del desastre, es difícil rescatar personas vivas. Según la propia información de rescatistas, «ahora están trabajando en la recuperación de cuerpos» (entrevistas en internet). Todo ello para evitar la propagación de enfermedades por las personas fallecidas, cuyos cuerpos entran en descomposición.

En estas circunstancias, no es difícil deducir dos situaciones complejas que puede presentar la zona de desastre de Venezuela, siguiendo una experiencia previa como fue el terremoto de Pisco, Ica, Perú, ocurrido el 15 de agosto de 2007. Con esta experiencia, frente a esas dos situaciones complejas nos animamos a sugerir también dos acciones concretas.

Dos situaciones complejas iniciales tras los terremotos

Los efectos de los terremotos son complejos, dependiendo del lugar y la población en la que ocurran. Teniendo en cuenta el contexto latinoamericano, del cual Venezuela es parte, podemos identificar dos situaciones complejas en la etapa inmediata al terremoto.

De un lado, se reproduce una situación de caos en las zonas de desastre por las necesidades que sufren los afectados directos o damnificados. A la situación de muerte o desaparición de familiares, amigos o vecinos, se suma la necesidad de alimentos y, con esta, el descontrol de la distribución de ayuda y el propio descontrol de la población en la ciudad. El extremo será la multiplicación de saqueos en tiendas o viviendas no afectadas o parcialmente afectadas.

De otro lado, se presenta una situación de incertidumbre, estrés y depresión en la población, a partir del shock psicológico sufrido con el evento, y por las necesidades de alimentos y otras necesidades vitales como la vivienda que siguen a continuación. Aquí, lamentablemente suele ocurrir un error en manos de las autoridades locales, regionales y nacionales responsables de atender la emergencia: luchan por el poder y el clientelaje político (beneficiando a pequeños grupos), en lugar de luchar por superar la situación de emergencia de los damnificados. Entonces la situación de caos se multiplica geométricamente.

¿Qué hacer? Dos acciones sugeridas: el trabajo en dos frentes

Buscando superar las dos situaciones complejas de riesgo que ya se inician en Venezuela, según las noticias que se vienen propagando en las redes sociales, es urgente trabajar en dos frentes.

Un primer frente supone la organización social de la población damnificada. Esto significa trabajar coordinadamente con la población de un barrio, de una manzana o de una cuadra de personas damnificadas, organizándolos bajo una directiva inicial que promueva la participación del conjunto a través de asambleas permanentes. Esto, con el fin de distribuir coordinada y organizadamente los alimentos diarios y demás bienes y servicios que les correspondan (como las carpas, para atender sus necesidades de vivienda).

El segundo frente consiste en dotar a cada organización de su propio derecho social (el derecho del pueblo) para atender la emergencia. Esto supone dar facultades al conjunto de miembros de cada organización social para producir sus reglas, sanciones y procedimientos para hacer viable que ellos mismos atiendan situaciones de descontrol (como los saqueos, por ejemplo) y busquen evitar el abuso de una persona o un grupo de personas que afecte al colectivo. Tras los terremotos, el derecho del Estado está muerto. Es indispensable reconstruirlo desde la propia población.

Las autoridades venezolanas tienen la oportunidad de atender su situación de emergencia y hacer más grande su país. Comprender las dos situaciones complejas y promover los dos frentes de trabajo sugeridos en estos momentos son una muestra de acción que pueden realizar al lado de los damnificados. Es un momento crucial.

Antonio Peña Jumpa

Lima, 28 y 29 de junio de 2026.

Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado, magíster en CC. SS., y PhD. in Laws.

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El taller contó con la ponencia de la profesora Gabriela Ramírez, docente ordinaria del Departamento Académico de Derecho PUCP, quien contribuyó otorgando herramientas comunicativas eficaces a nuestras/os secigristas para el desarrollo de sus actividades jurídicas.

Las reflexiones compartidas durante la jornada permitieron evidenciar que el ejercicio profesional del Derecho trasciende el conocimiento de la normativa vigente, pues también requiere de la redacción comprensible y la sólida argumentación para defender con éxito su postura.

Extendemos nuestro agradecimiento a la profesora Gabriela Ramírez por compartir su valiosa intervención sobre las herramientas clave para una comunicación jurídica efectiva, así como a todas/os las/os estudiantes secigristas por su activa disposición y participación en el taller.

¡Los flashes de la jornada! Descubre las fotos oficiales del evento.

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“En el contexto del Programa Secigra Derecho 2026, la Facultad de Derecho PUCP continúa trabajando para brindar espacios de desarrollo y crecimiento en favor de nuestros estudiantes.”

La entrada ¡Éxito en el taller «Redacción y Argumentación Jurídica» para secigristas! se publicó primero en Facultad de Derecho.

Con esta incorporación, la PUCP se convierte en la clínica jurídica piloto y única universidad peruana en formar parte de esta destacada red internacional.

¿Qué es la Red TradeLab?

Fundada por el Geneva Graduate Institute (Suiza), TradeLab es una red global de clínicas jurídicas especializadas en Derecho Internacional Económico. Su estructura es altamente selectiva: escoge a una única universidad por cada país para integrarse a su comunidad.

El principal objetivo de TradeLab es generar proyectos de alto impacto social en el ámbito del derecho internacional económico, conectando la formación universitaria con los desafíos del mundo real.

Beneficios exclusivos para nuestros estudiantes

Ser parte de esta red internacional abrirá las puertas a herramientas y experiencias únicas para los estudiantes de nuestra clínica:

• Capacitación especializada: Acceso a contenido audiovisual exclusivo y videos grabados por profesores expertos de la red.
• Asesoría internacional: Posibilidad de contar con asesores extranjeros para guiar los proyectos que se ejecuten en la clínica.
• Colaboración global: Oportunidad de participar activamente en proyectos conjuntos con otras clínicas jurídicas que integran la red TradeLab en todo el mundo.

Proyectos con impacto social en marcha

Nuestra Clínica Jurídica ya se encuentra trabajando activamente en iniciativas que buscan generar un cambio positivo en el país. Actualmente, los estudiantes y docentes de la clínica desarrollan proyectos en alianza con:

• Dos asociaciones de exportadores peruanos.
• Una cámara de arbitraje peruana.
• Un gobierno regional del Perú.

Testimonio

El profesor Jorge Manrique de Lara Seminario, docente de la Clínica Jurídica en Derecho Internacional Económico de la PUCP, destaca las ventajas de este hito institucional:

«Ser parte de la red de clínicas jurídicas TradeLab permitirá a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la PUCP acceder a asesorías de profesores que son parte de las universidades de la red TradeLab. Además, como parte de esta red podremos participar en los proyectos en derecho internacional económico desarrollados por otras clínicas jurídicas que son parte de TradeLab, lo cual permitirá ampliar la experiencia de los estudiantes de nuestra facultad y colaborar con estudiantes de otras universidades. En esta línea, ser parte de TradeLab nos permitirá acceder a una mayor cantidad de proyectos. Por ejemplo, algunas de las clínicas jurídicas de TradeLab han participado en proyectos de asesoría jurídica en procesos de negociación de Tratados de Libre Comercio en favor de algunos países, en procesos de solución de controversias en foros regionales o ayudando a PYMES en su proceso de inserción en el comercio internacional.»

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La Expo congrega a cientos de expositores que representan todos los ámbitos del sector: instituciones académicas, consultoras, proveedores de acceso (pathway providers), residencias estudiantiles, compañías de seguros y proveedores externos. Asimismo, alberga a decenas de consorcios nacionales e internacionales que representan a cientos de universidades de mercados tanto desarrollados como emergentes. Esto lo convierte en el mejor espacio estratégico para que los administradores de educación superior se reúnan con socios de todo el mundo en un solo lugar.

La edición 2026 de este importante evento tuvo lugar del 26 al 29 de mayo en el Orange County Convention Center de Orlando, Florida, Estados Unidos.

Participación de la PUCP: voz de Latinoamérica en el escenario global

Nuestra Facultad tuvo una presencia destacada gracias al Prof. Diego Hernando Zegarra Valdivia, jefe de la Oficina Académica de Internacionalización (OAI), quien participó como ponente en el panel interactivo titulado: «The Global Partnerships Officer of the Future: A Transnational Perspective», llevado a cabo el miércoles 27 de mayo.

El panel fue moderado por Ms. Emily Dorso (Cormack Consultancy Group, Reino Unido), y contó también con las ponencias del Dr. Miguel E. Ayllon (Associate Vice President for International Affairs en Indiana University, EE. UU.) y de Ms. Anya O’Connor (Head of International Partnerships en Queen’s University Belfast, Irlanda del Norte).

El futuro de las alianzas universitarias

Durante la sesión, se abordó el rol emergente de los Global Partnerships Officers en la educación superior contemporánea. Los expertos discutieron sobre:

• Las competencias profesionales requeridas para el cargo.
• Los modelos institucionales de gestión de alianzas estratégicas.
• Los desafíos actuales del sector y las trayectorias de desarrollo en este campo.

La PUCP fue la única institución latinoamericana representada en este panel de alcance global. Esto permitió proyectar ante la audiencia internacional las particularidades, avances y desafíos de la internacionalización universitaria en América Latina y, específicamente, las experiencias de nuestra Facultad.

Más allá de la ponencia: tendencias y nuevas redes de contacto

Además de la participación en el panel, la asistencia al programa académico general de la conferencia permitió conocer de cerca las principales tendencias globales en educación internacional. En esta edición, se puso un especial énfasis en el uso de la tecnología y la inteligencia artificial para la toma de decisiones en los procesos de internacionalización institucional.

Asimismo, se desarrollaron intensas jornadas de networking. En estos espacios, se estableció contacto directo con representantes de destacadas universidades e instituciones de educación superior de América del Norte, Europa y Asia, con miras a explorar futuros convenios y nuevos programas de movilidad académica que beneficien directamente a los estudiantes y docentes de nuestra Facultad.

Un logro que consolida nuestra presencia institucional

Esta destacada participación consolida el posicionamiento de la Facultad de Derecho de la PUCP como un referente en internacionalización universitaria en América Latina.

Nuestra presencia en NAFSA 2026 no solo ha abierto nuevas oportunidades de colaboración académica internacional, sino que ha permitido visibilizar el compromiso de nuestra institución con la excelencia y la educación global ante una audiencia de primer nivel.

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La entrada La Facultad de Derecho PUCP en el mayor foro mundial de educación internacional: NAFSA Annual Conference & Expo 2026 se publicó primero en Facultad de Derecho.

Esta iniciativa —impulsada por la Oficina Académica de Internacionalización (OAI), en alianza con la Red Peruana de Universidades (RPU) y el respaldo del Fondo de Responsabilidad Social Universitaria— financió ambos proyectos liderados por nuestra comunidad. El resultado: aulas llenas, debate descentralizado y la participación de destacados profesores del extranjero.

Arequipa: el proceso civil bajo la lupa en la UNSA

Los días 27 y 28 de enero de 2026, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) se convirtió en el epicentro del I Encuentro Internacional Universitario de Derecho Procesal Civil. La organización estuvo a cargo de los estudiantes PUCP Leance Zamudio, Mitsue Valencia y Andrés Fernández Jove, bajo la coordinación del profesor Giovanni Priori.

Un debate de nivel internacional

El encuentro contó con la participación del profesor Camilo Zufelato, de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), quien trajo una mirada comparada sobre los retos del proceso civil en la región. El panel se potenció con la experiencia de las profesoras Mercedes Fernández y Gabriella Valenzuela.

Durante dos intensas jornadas que combinaron mesas redondas, talleres y charlas, se debatieron temas clave para el futuro de la carrera:

• Día 1: Cuestionamientos a la Tutela Jurisdiccional Efectiva (oralidad, tutela cautelar y convenios arbitrales).
• Día 2: Desafíos Contemporáneos y el Futuro del Proceso Civil en Latinoamérica (inteligencia artificial en la valoración de pruebas, prueba electrónica y reforma judicial).

El encuentro tuvo una notable acogida en la ciudad, marcando el primer evento de esta magnitud que se realizaba en la región en mucho tiempo, según destacó el decano de la Facultad de Derecho de la UNSA, Hugo Salas Ortiz. A pesar de coincidir con el periodo vacacional y la temporada de lluvias, el auditorio se llenó en diversos momentos, con la participación activa de estudiantes y docentes de la propia UNSA, así como de asistentes provenientes de otras regiones del país, incluyendo Madre de Dios. La organización contó además con el apoyo de los Centros Federados y agrupaciones estudiantiles de la universidad anfitriona.

Más allá del intercambio académico, el encuentro dejó vínculos personales: muchos estudiantes se acercaron a los docentes de la PUCP y la UNSA para plantear consultas, conversar sobre sus publicaciones y expresar interés en futuros talleres. Esta acogida sienta un precedente para que experiencias similares se repliquen, incluso por iniciativa de la propia UNSA.

Chiclayo: nuevas miradas sobre el Derecho del Consumidor en la USAT

Del 18 al 20 de febrero de 2026, el norte del país también vivió su propio espacio de debate. La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) albergó el Seminario Internacional «Nuevas Tendencias en el Derecho de Protección al Consumidor: Perspectivas desde la Región».

Este proyecto fue liderado por las estudiantes PUCP Susan Yanet Pila Thaquima, Melany Antonia Falcón Vega y Andrea Fernanda Mendoza Murillo, con la valiosa guía del profesor Javier Pazos Hayashida.

Investigación y responsabilidad social en acción

Desde Brasil, nos acompañó el profesor Antonio Carlos Morato (Universidad de São Paulo) con la conferencia magistral Responsabilidad civil de las plataformas digitales y vulnerabilidad del consumidor. Por su parte, el profesor Javier Pazos presentó la conferencia Competencia desleal y tecnología: Incidencia en la protección al consumidor.

A lo largo de tres días, el evento desarrolló tres mesas temáticas que abordaron las dinámicas contemporáneas del consumo, los enfoques de protección del consumidor y los desafíos actuales de la disciplina, integrando los aportes de docentes de la PUCP y la USAT. Las estudiantes coordinadoras también tuvieron una participación activa como ponentes en los principales espacios del programa. En el Taller en Metodología de la Investigación en Materia de Consumo, dirigido por el profesor Daniel Chahud, Melany Falcón y Andrea Mendoza intervinieron presentando reflexiones metodológicas vinculadas a sus propias investigaciones, contribuyendo al debate sobre enfoques y retos actuales en el estudio del derecho del consumo.

Asimismo, en el marco del enfoque de responsabilidad social universitaria, se desarrolló una mesa de trabajo entre la Clínica Jurídica del Consumidor PUCP y el Consultorio Jurídico de la USAT, dirigidos por los profesores Julio Durand y Dora Ojeda, respectivamente. En este espacio, Susan Pila participó junto con los estudiantes Rosa Torres y Gian Piero Campos, compartiendo experiencias sobre formación clínica, litigio estratégico y asesoría en materia de protección al consumidor.

Un compromiso firme con la equidad académica

Ambos encuentros son el reflejo vivo de lo que busca la Facultad de Derecho PUCP: descentralizar el conocimiento, fortalecer la Red Peruana de Universidades y conectar a los futuros abogados de todo el Perú con la comunidad académica internacional.

Más allá del impacto inmediato en cada sede, ambas iniciativas dejaron un legado tangible: materiales académicos, redes de cooperación interinstitucional y experiencias formativas que sientan las bases para que este tipo de encuentros se repliquen en el futuro.

La entrada La Facultad de Derecho PUCP impulsó dos encuentros académicos internacionales en Arequipa y Chiclayo se publicó primero en Facultad de Derecho.

Organizada por la Oficina de Prácticas Preprofesionales y SECIGRA (OPPS), la feria tuvo como propósito principal tender un puente directo entre nuestras/os estudiantes y las organizaciones más importantes del sector jurídico, permitiendo conocer de primera mano las distintas ofertas laborales y perfiles requeridos hoy en día.

Espacio de Networking: Las entidades participantes

En esta edición, el campus recibió a ocho destacadas firmas y entidades del sector público y privado, donde los y las estudiantes pudieron interactuar con reclutadores y resolver dudas sobre los procesos de selección:

• Bueno & Lercari
• Estudio Elías Puelles
• Vinatea & Toyama
• PricewaterhouseCoopers (PwC)
• Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
• Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
• CMS Grau
• Estudio Osterling

Reconocimiento a la Excelencia: Premiaciones de la jornada

La Expoferia también fue el escenario ideal para celebrar los logros de nuestra comunidad y de las instituciones que contribuyen a la formación de nuestros futuros abogados.

Ranking “Mejores Centros de Prácticas Derecho” (Edición 2025-1)

Este reconocimiento destaca a las organizaciones que brindan las mejores experiencias de aprendizaje formativo-laboral:

• 1° puesto: Bueno & Lercari
• 2° puesto: Estudio Jorge Avendaño Abogados
• 3° puesto: Eguiguren y Grández, Abogados, Asesores y Consultores

Concurso de Ensayos Académicos

Asimismo, se aplaudió el talento investigador de los alumnos ganadores del Concurso de Ensayos: «La formalización minera en el Perú: análisis jurídico del REINFO y sus implicancias desde las distintas ramas del Derecho», quienes demostraron un alto nivel de análisis crítico sobre la coyuntura legal de nuestro país.

"La Expoferia de Prácticas Preprofesionales de la Facultad de Derecho PUCP permite a nuestros estudiantes conocer el mercado laboral, los requerimientos actuales y las oportunidades de desarrollo disponibles.”

¡Agradecemos a todos/as los/as estudiantes, docentes y organizaciones que hicieron posible esta jornada! Potenciar tu empleabilidad es un camino que construimos juntos día a día.

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La entrada ¡Así se vivió la XIII Expoferia de Prácticas Preprofesionales en la Facultad de Derecho! se publicó primero en Facultad de Derecho.

Este año, la convocatoria invitó a los estudiantes a reflexionar sobre un tema crítico para la agenda nacional: «La formalización minera en el Perú: análisis jurídico del REINFO y sus implicancias desde las distintas ramas del Derecho». El objetivo fue analizar esta problemática a través de una mirada multidisciplinaria, desafiando a los participantes a proponer soluciones y análisis críticos desde el Derecho Administrativo, Constitucional, Ambiental, entre otros.

La evaluación del jurado

El comité calificador encargado de seleccionar los ensayos ganadores estuvo integrado por destacados docentes de nuestra casa de estudios:

• Dr. Paul Villegas Vega: Profesor de Derecho Administrativo en la PUCP y Jefe de la OPPS.
• Dra. Gabriela Ramírez Parco: Profesora de Derecho Administrativo y Coordinadora del Programa de Segunda Especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales en la PUCP.
• Dr. Jorge Díaz Montalvo: Profesor de Derecho Administrativo en la PUCP y especialista en Regulación y Gestión de Servicios Públicos.

La ceremonia de premiación se realizó el pasado 4 de junio, en el marco de la XIII Expoferia de Prácticas Preprofesionales, un espacio que conecta el aprendizaje académico con el ejercicio práctico de nuestra profesión.

Los ensayos ganadores: Talento y rigor jurídico

Felicitamos de manera especial a los y las estudiantes que destacaron por su rigurosidad metodológica, capacidad de análisis y propuestas críticas:

• Primer puesto:
  • Ensayo: «REINFO y formalización minera: límites constitucionales de un régimen transitorio»
  • Autor: Fabricio Martínez Carrasco
• Segundo puesto:
  • Ensayo: “El REINFO: ¿Mecanismo transitorio o sistema que perpetúa la informalidad minera en el Perú?”
  • Autora: Adriana Sharit Jiménez Quispe
• Tercer puesto:
  • Ensayo: “Del registro a la formalidad: limitaciones y desafíos del REINFO en la formalización minera”
  • Autora: Sandra Daisy Benites Briones

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¡Nuestras más sinceras felicitaciones a los ganadores! Su esfuerzo y dedicación reflejan el espíritu crítico e investigador que caracteriza a los estudiantes de nuestra Facultad. Estamos seguros de que este es solo el inicio de una brillante trayectoria académica y profesional.

¿Te interesa la investigación jurídica? Mantente atento a las redes y canales oficiales de la OPPS para participar en las próximas convocatorias y concursos que tenemos preparados para ti.

La entrada ¡Conoce a los ganadores del Concurso Anual de Ensayos Jurídicos sobre Formalización Minera y REINFO! se publicó primero en Facultad de Derecho.

Voluntaria del Consultorio Jurídico de Violencia de Género de la Oficina Académica de Responsabilidad Social

En el Perú, la protección jurídica de la comunidad LGBTIQ+ ha avanzado progresivamente a partir del reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad, la identidad y la no discriminación. Sin embargo, estos avances no han sido lineales ni suficientes, por ejemplo, si hablamos respecto al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans y la implementación de políticas públicas inclusivas. La discusión jurídica actual gira en torno a la necesidad de garantizar materialmente derechos fundamentales desde una perspectiva acorde con los estándares internacionales de derechos humanos y con las transformaciones sociales contemporáneas. 

En ese sentido, se ha señalado que “las normas, derechos y deberes, deben ser interpretadas, entonces, bajo la lupa de las valoraciones sociales para, de esta forma, garantizar derechos reales y no meramente formales” (León 2023, p. 110). Asimismo, el derecho a la identidad ha sido reconocido como un atributo esencial de la persona, pues “toda persona, por el mero hecho de ser persona, posee derechos inherentes que el Estado debe garantizar y tutelar” (León 2023, p. 111). La problemática que afecta a la comunidad LGBTIQ+ en el Perú no solo involucra reconocimiento formal de derechos, sino también situaciones estructurales de discriminación y exclusión. En esa línea, se advierte que “los colectivos LGTBIQ+ sufren de violencia y de discriminación” debido a la falta de políticas inclusivas eficaces y espacios seguros (Cornejo y Gamero 2025, p. 12). De esa manera, a pesar de cierto avance en la protección, se siguen perpetuando situaciones de discriminación.

Normativa peruana relevante de protección a la comunidad LGBTIQ+

La principal base normativa de protección se encuentra en la Constitución Política del Perú, específicamente en el artículo 1 que establece que: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.” y el artículo 2 inciso 1, el cual reconoce que: “Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”. Asimismo, el artículo 2 inciso 2 de la Constitución establece el derecho a la igualdad y prohíbe toda forma de discriminación. Sobre ello, se afirma que todos tienen el mismo derecho de ser tratados de manera igualitaria ante las leyes, sin efectuar ninguna clase de diferencia por razones de su raza, origen, idiomas, género, opiniones, situación económica, religiosas u otras circunstancias (Cornejo y Gamero 2025, p. 10). Por lo tanto, desde una base constitucional, se erige este deber del Estado de garantizar igualdad para todas las personas sin distinciones arbitrarias.

A nivel penal, el Código Penal sanciona los actos discriminatorios. De esa manera, el artículo 323° establece lo siguiente: “El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocidas en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en (…) sexo, orientación sexual, identidad de género (…), o cualquier otro motivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años, o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas”.(Las negritas son propias).

Asimismo, este mismo cuerpo normativo reconoce la especial gravedad de los delitos cometidos bajo móviles discriminatorios. En ese sentido, el artículo 46, inciso 2, literal d), establece como circunstancia agravante “ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole”, siempre que dichas circunstancias no constituyan elementos propios del tipo penal ni estén previstas específicamente para sancionar el delito. Por lo tanto, la transgresión al principio y derecho de igualdad no solo resulta constitucionalmente reprochable, sino que también recibe una respuesta específica desde el Derecho Penal.

Otro avance importante se produjo mediante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú. En la sentencia N.º 06040-2015-PA/TC, el Tribunal reconoció que “la identidad de género es un derecho que forma parte, constitucionalmente hablando, del derecho a la identidad” (León 2023, p. 112).  Así, el Tribunal acogió la tesis por la cual la “realidad biológica” no debe ser el único elemento determinante para la asignación del sexo, ya que el sexo debe comprenderse a la luz de las realidades sociales, culturales e interpersonales que la propia persona experimenta durante su existencia (Rodríguez 2018, p. 169). Por ende, refiere el Tribunal, no debe siempre ser determinado en función de su genitalidad, pues se estaría cayendo en un determinismo biológico, que reduciría la naturaleza humana a una mera existencia física, y obviaría que el ser humano es un ser también psíquico y social.

También resulta relevante la protección brindada por el Reglamento de la Ley N.° 30364, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 009-2016-MIMP, el cual reconoce que “la orientación sexual es una de las causales de vulnerabilidad” (Cornejo y Gamero 2023, p. 11). Este reconocimiento resulta importante porque evidencia que el Estado peruano admite que las personas LGBTIQ+ enfrentan condiciones particulares de discriminación y violencia que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos. En consecuencia, no basta con reconocer formalmente la igualdad ante la ley, sino que también se requiere la implementación de medidas de protección diferenciadas y políticas públicas efectivas que permitan reducir las situaciones de exclusión y vulnerabilidad que afectan a esta población.

Finalmente, el reconocimiento del derecho a la identidad de género ha sido reforzado por estándares internacionales de derechos humanos. Se destaca que el Derecho a la Identidad de Género merece una especial protección en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya sea a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Organización de Naciones Unidas, debido a su relación directa con el derecho a la vida privada y al principio de igualdad y no discriminación (Rodríguez, 2018, p. 168). En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló ampliamente el contenido y protección de la identidad de género en la Opinión Consultiva OC-24/17, donde estableció que la identidad de género constituye una categoría protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la vida privada y la dignidad humana (pp. 35-36). Asimismo, precisó que los Estados tienen la obligación de reconocer y garantizar el derecho de las personas a adecuar sus documentos y registros públicos conforme a su identidad de género, mediante procedimientos accesibles, rápidos y libres de discriminación.

Del mismo modo, en el caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú, la Corte Interamericana reconoció que la orientación sexual y la identidad de género son categorías especialmente protegidas por el principio de igualdad y no discriminación. En dicha sentencia, la Corte concluyó que el Estado peruano incurrió en responsabilidad internacional por actos de violencia y discriminación cometidos contra la víctima debido a su orientación sexual, enfatizando que los prejuicios relacionados con la identidad de género y orientación sexual no pueden justificar actuaciones estatales ni prácticas discriminatorias (p. 26). Asimismo, en el caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, la Corte Interamericana analizó la situación de violencia estructural y discriminación que enfrentan las mujeres trans en América Latina. La Corte determinó que el asesinato de Vicky Hernández estuvo relacionado con su identidad y expresión de género, resaltando que los Estados tienen el deber reforzado de prevenir, investigar y sancionar actos de violencia motivados por prejuicios contra personas trans (p. 47). Además, reconoció que la identidad de género forma parte del ámbito protegido por los derechos a la dignidad, igualdad y libre desarrollo de la personalidad (p. 35). De igual forma, en los Principios de Yogyakarta de las Naciones Unidas, específicamente el principio 3, se establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica conforme a su identidad de género, señalando que nadie puede ser obligado a someterse a procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra naturaleza como requisito para dicho reconocimiento.

Todo ello demuestra que la protección de las personas LGBTIQ+ no constituye únicamente una discusión interna del Estado peruano, sino también una obligación derivada de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos. En ese sentido, el reconocimiento de la identidad de género debe entenderse como una garantía vinculada a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la prohibición de toda forma de discriminación.

Vacíos legislativos y aspectos pendientes de desarrollar

A pesar de los avances jurisprudenciales y constitucionales, el Perú aún presenta importantes vacíos legislativos en materia de protección integral de la comunidad LGBTIQ+. Uno de los principales problemas es la ausencia de una ley específica de identidad de género. Sobre ello, se precisa que “en el Perú, no hay una ley de protección del derecho a la identidad para las personas trans” (Cornejo y Gamero 2025, p. 112). Esta situación evidencia un vacío legislativo importante, ya que el reconocimiento de la identidad de género continúa dependiendo principalmente de interpretaciones jurisprudenciales y no de una regulación expresa que garantice seguridad jurídica y acceso efectivo a derechos para las personas trans.

Si bien existe jurisprudencia favorable, el cambio de nombre y sexo continúa dependiendo principalmente de procesos judiciales. Por ello, surgió el Proyecto de Ley N.° 790/2016, que proponía que “las solicitudes de cambio de sexo y/o nombre presentadas por las personas trans fueran tramitadas en la vía administrativa” ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Rodríguez 2018, p. 170). La propuesta resultaba relevante porque buscaba simplificar el reconocimiento de la identidad de género mediante procedimientos administrativos menos costosos y menos revictimizantes. Sin embargo, el hecho de que no se haya consolidado demuestra la falta de voluntad política para garantizar plenamente estos derechos.

Además, persisten obstáculos sociales y culturales que dificultan el ejercicio efectivo de derechos por parte de las personas LGBTIQ+. Diversos entrevistados, en la investigación realizada por Cornejo y Gamero sobre “¿de qué manera las manifestaciones públicas de las personas LGBTQ+ pueden impactar el derecho a la intimidad de otras personas?”, reconocen que “aún existen barreras sociales, culturales y religiosas que limitan la protección real de esta población; asimismo, recalcan la importancia de políticas gubernamentales inclusivas, campañas de sensibilización y educación para combatir la discriminación y transformar actitudes culturales hacia la comunidad LGTBIQ+” (2025, p. 12). Ello evidencia que la problemática no se reduce únicamente a la existencia o inexistencia de reconocimiento normativo, sino que responde también a dinámicas estructurales y culturales que continúan reproduciendo prácticas discriminatorias dentro de la sociedad peruana. En consecuencia, la persistencia de estigmas sociales dificulta la inclusión efectiva y el pleno reconocimiento de las identidades y orientaciones sexuales diversas.

Del mismo modo, se advierte una deficiente implementación de políticas públicas inclusivas. Sobre ello, se sostiene que “esta política no ha sido instaurada de manera eficiente y efectiva en nuestro país” respecto de la creación de espacios inclusivos para personas trans (2025, p. 12). Esto demuestra que el reconocimiento formal de derechos resulta insuficiente si no se acompaña de medidas estatales concretas orientadas a garantizar condiciones materiales de igualdad y acceso seguro a servicios y espacios públicos para las personas LGBTIQ+.

Incluso, en los últimos años se han producido importantes retrocesos institucionales. Un ejemplo de ello fue el Decreto Supremo N.° 009-2024-SA, cuestionado debido a que “tratan al transexualismo, travestismo y trastorno de identidad de género como enfermedades” (Cornejo y Gamero, 2025, p. 12). Sobre este punto, Alegría y Benites sostienen que dicha disposición vulneraba normas de jerarquía superior dentro del ordenamiento jurídico peruano, al contravenir estándares internacionales, constitucionales y legales vinculados a la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ (2024, p. 5). En primer lugar, el decreto desconocía los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud, pues al momento de su emisión ya se encontraba vigente la CIE-11, clasificación internacional que excluye a las identidades trans de las categorías de enfermedades mentales. Asimismo, advierten que la norma afectaba derechos constitucionales como la dignidad humana, la igualdad y no discriminación, y el libre desarrollo de la personalidad, reconocidos en los artículos 1° y 2° de la Constitución Política del Perú. Del mismo modo, sostienen que el decreto contravenía el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, debido a que esta exige que los diagnósticos incorporados al sistema sanitario respondan a la clasificación internacional vigente.

A partir de ello, Alegría y Benites concluyen que el Decreto Supremo N.° 009-2024-SA vulneraba el ordenamiento jurídico peruano en un triple eje: internacional, constitucional y legal. Además, mediante la aplicación del test de proporcionalidad, sostienen que la medida no superaba los juicios de idoneidad ni necesidad, debido a que existían alternativas menos lesivas y más compatibles con los derechos fundamentales y con los estándares internacionales de derechos humanos (2024, pp. 5-6). En consecuencia, consideran que dicha disposición constituía una medida desproporcionada e inconstitucional.

Posteriormente, la Corte Suprema confirmó la inconstitucionalidad del referido decreto, en el Expediente N.° 28664-2025, al considerar que la incorporación de identidades trans dentro de categorías patologizantes resultaba incompatible con el derecho a la salud en condiciones de igualdad y con la prohibición de discriminación. Este pronunciamiento constituye un precedente relevante respecto de la obligación estatal de implementar políticas públicas compatibles con la dignidad humana y con el reconocimiento de la diversidad de género.

Del mismo modo, se realizó un análisis de proporcionalidad para evaluar este Decreto Supremo. Así, la Corte ha estimado que el fin invocado (ampliar la cobertura de salud a personas trans) puede considerarse imperioso, pues el acceso a la salud es un derecho fundamental. Sin embargo, el medio elegido no supera el requisito de idoneidad rigurosa: la incorporación de diagnósticos del capítulo de trastornos mentales impone como condición previa a la atención un examen psiquiátrico que profundiza la estigmatización y el trato desfavorable de esa minoría, produciendo el efecto contrario al que el Estado declaró perseguir. Además, se reconoció que existía una alternativa menos restrictiva: la Clasificación Internacional de Enfermedades que excluye a las personas trans del capítulo de trastornos mentales sin exigir evaluación psiquiátrica previa para acceder a los servicios, y que, si bien no vinculante en el ordenamiento peruano, había sido invocada por la propia administración en actos posteriores (Reyna 2026). En ese sentido, el pronunciamiento de la Corte Suprema no solo resulta relevante por declarar la inconstitucionalidad de una medida específica, sino también porque reafirma que las políticas públicas dirigidas a poblaciones históricamente discriminadas no pueden construirse sobre categorías que reproduzcan exclusión, patologización o estigmas sociales. De lo contrario, el propio Estado termina legitimando formas de discriminación incompatibles con el principio de dignidad humana y con un modelo constitucional basado en la igualdad material.

Otro retroceso institucional reciente es la promulgación de la Ley N.° 32535, denominada “Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, la cual ha sido cuestionada debido a que excluye de manera expresa a las personas trans y no binarias del ámbito de protección de las políticas de igualdad de género. Esta exclusión resulta especialmente problemática si se considera que las políticas públicas sobre igualdad y no discriminación habían evolucionado progresivamente hacia enfoques más inclusivos, orientados a reconocer la diversidad de identidades de género y las múltiples formas de vulnerabilidad que enfrentan determinados grupos históricamente discriminados.

La relevancia de esta norma no se limita únicamente a su contenido legislativo, sino también a sus efectos sobre la Política Nacional de Igualdad de Género previamente vigente. En efecto, la ley impacta directamente en el enfoque transversal de género que había sido incorporado en distintas políticas públicas estatales, debilitando mecanismos de reconocimiento y protección destinados a personas cuya identidad de género no se ajusta a categorías binarias tradicionales. De esta manera, se produce una restricción en el alcance de las políticas de igualdad, reduciendo su capacidad de responder a situaciones reales de discriminación estructural.

Asimismo, la exclusión de personas trans y no binarias evidencia una concepción restrictiva del principio de igualdad, limitada únicamente a categorías biológicas o binarias de sexo, desconociendo los estándares contemporáneos de derechos humanos y el desarrollo progresivo de la protección contra la discriminación por identidad de género. Ello resulta particularmente relevante debido a que las personas trans y no binarias constituyen una población históricamente expuesta a situaciones de violencia, exclusión social y dificultades de acceso a servicios básicos, por lo que su invisibilización normativa puede generar efectos materiales de desprotección. Lejos de representar una ampliación de derechos, la Ley N.° 32535 ha sido percibida como una medida regresiva en materia de igualdad y reconocimiento de la diversidad de género. Esto demuestra que los avances normativos en materia de derechos humanos no son necesariamente irreversibles y que continúan existiendo tensiones políticas y sociales en torno al reconocimiento jurídico de las identidades de género diversas.

En consecuencia, aunque el ordenamiento jurídico peruano reconoce formalmente derechos fundamentales vinculados a la igualdad, dignidad y no discriminación, todavía persisten importantes obstáculos para garantizar una protección real y efectiva de las personas LGBTIQ+. La permanencia de prácticas discriminatorias, barreras sociales y culturales, así como la existencia de medidas estatales regresivas, evidencia que el reconocimiento normativo por sí solo resulta insuficiente cuando no se acompaña de políticas públicas inclusivas y mecanismos eficaces de protección.

Asimismo, las tensiones existentes en torno al reconocimiento de la identidad de género reflejan que la discriminación hacia esta población continúa manifestándose tanto a nivel social como institucional. En ese sentido, resulta necesario que el Estado adopte medidas compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y fortalezca un enfoque de igualdad material que permita garantizar el pleno ejercicio de derechos sin exclusión ni estigmatización. Por ello, más allá del reconocimiento abstracto del principio de igualdad, se requiere consolidar una legislación coherente y políticas públicas orientadas a combatir la discriminación estructural y promover condiciones reales de inclusión, respeto y protección de la dignidad humana de las personas LGBTIQ+.

Referencias bibliográficas:

Alegría, G.  y  Benites ,  C.(2024). Discriminación  jurídica  e  identidad  de género  de  la  comunidad  peruana  LGBTIQ+:  impacto socioeconómico  de  una  disposición inconstitucional[Legal   discrimination   and   gender   identity   of   the   Peruvian   LGBTIQ+ community:socioeconomic impact of an unconstitutional provision].European Public & Social Innovation Review,9, 1-21.https://doi.org/10.31637/epsir-2024-502

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. San José, Costa Rica: Corte IDH, 1-145. https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2020). Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020. San José, Costa Rica: Corte IDH, 1-79. ​​https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_402_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. San José, Costa Rica: Corte IDH, 1-82. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_422_esp.pdf

Comisión Internacional de Juristas. (2007). Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Yogyakarta, Indonesia: ICJ.

Cornejo, J. & Gamero, C. (2025). Violencia de Género de los grupos LGTBIQ+ frente al derecho de intimidad, discriminación y consecuencias penales, Lima- Perú. Revista Regunt, 5 (1), 9-18. https://doi.org/10.18050/regunt.v5i1.01

León, J. (2023) «La identidad de las personas TRANS en el Perú: estado actual y desafíos. Revista CES Derecho, 14 (1), pp. 110-130. https://dx.doi.org/10.21615/cesder.6958

Reyna, D. (2026). Perú: Declaran inconstitucional decreto que incorporó a personas trans en listado de trastornos mentales del sistema de aseguramiento en salud. Coleccionista de Sentencias. https://coleccionistadesentencias.com/2026/03/30/pe-cs-28664-2025/

Rodríguez R. (2018). La protección del derecho a la identidad de género de las personas trans en el ordenamiento jurídico peruano desde una mirada dialógica entre el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Persona y Familia, Revista del Instituto de Familia, 7 (1), pp. 156-187. https://doi.org/10.33539/peryfa.2018.n7.1256

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El dossier especial número 20 de esta revista, dedicado íntegramente a la justicia climática y ambiental en América Latina y el Caribe, acoge tres investigaciones de integrantes de la CJA-PUCP, las cuales fueron seleccionadas mediante una rigurosa evaluación por pares a doble ciego.

Justicia climática y ambiental: el aporte académico de la CJA-PUCP

Las tres contribuciones, de distinto alcance pero complementarias entre sí, abordan dimensiones fundamentales del derecho ambiental contemporáneo y reflejan la diversidad, el compromiso y la profundidad del trabajo académico que se desarrolla dentro de nuestra clínica jurídica.

A continuación, te contamos de qué trata cada una de estas destacadas investigaciones:

1. El Acuerdo de Escazú y el rol estratégico de las clínicas ambientales

El dossier se abre con el trabajo de Andrea Domínguez y Luis Alejandro Pebe, quienes examinan el rol estratégico de estos espacios universitarios en la implementación del Acuerdo de Escazú. En su artículo, analizan cómo se contribuye al fortalecimiento del acceso a la justicia y a la protección de los defensores de derechos ambientales, tomando como base la opinión consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH):

Construir un Estado de Derecho Ambiental desde las universidades no es una aspiración abstracta, es lo que las clínicas jurídicas ambientales vienen haciendo en América Latina. Este artículo documenta esa trayectoria, desde la participación de la Alianza en la audiencia pública de Manaos ante la Corte IDH hasta el reconocimiento expreso de testimonios estudiantiles en la OC-32/25, para demostrar que estas clínicas son aliadas indispensables en la implementación del Acuerdo de Escazú y en la protección de personas defensoras ambientales en la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el ambiente. No se trata solo de formación jurídica sino de generar impacto real en poblaciones en situación de vulnerabilidad y en el desarrollo del derecho climático interamericano.

2. Innovación en la enseñanza del derecho: la metodología del learning by doing

En continuidad con la reflexión sobre el quehacer clínico, María Nilda Palacios y Freddy Rivera proponen una reconfiguración del paradigma de la enseñanza del derecho ambiental a partir de la experiencia de la PUCP. Los autores evidencian cómo la metodología clínica articula la formación teórica con la intervención directa en casos reales de alta relevancia ambiental:

A partir de nuestra experiencia en la Clínica Jurídica Ambiental de la PUCP, este artículo reflexiona sobre la metodología clínica como un modelo innovador y necesario para la enseñanza del derecho ambiental, en respuesta a los desafíos actuales de la gobernanza ambiental. Esta metodología, basada en el learning by doing, no solo fortalece competencias y habilidades en las y los estudiantes, sino que también genera impactos concretos a través del trabajo en casos reales. Es importante fortalecer y expandir estos espacios clínicos, por su potencial para promover una formación legal más práctica, crítica y comprometida con la defensa del ambiente.

3. Ética, vulnerabilidad y acceso efectivo a la justicia ambiental

Cerrando el bloque de contribuciones de la CJA-PUCP, Shirley Bautista Atanacio y Florangel Camargo profundizan en los límites éticos y las tensiones procesales que enfrenta la práctica clínica en contextos de vulnerabilidad. En su investigación, destacan el papel crucial de la clínica para formar futuros operadores jurídicos comprometidos con la reducción de brechas sociales:

Ser parte de la Clínica Jurídica Ambiental de la PUCP nos permitió comprender el derecho ambiental desde una perspectiva más humana, ética y cercana a las problemáticas reales. La publicación de nuestra investigación en Jurídica Ibero representa no solo un reconocimiento al trabajo desarrollado desde la clínica, sino también al compromiso de impulsar una formación jurídica orientada a fortalecer el acceso a la justicia ambiental en contextos de vulnerabilidad. Asimismo, la aplicación del método clínico en casos reales evidencia la necesidad de desarrollar herramientas y estrategias jurídicas que contribuyan a garantizar un acceso efectivo a la justicia ambiental.

Un referente en el derecho ambiental latinoamericano

La publicación de estos tres artículos en una plataforma del nivel de Jurídica Ibero reafirma el compromiso de la CJA-PUCP con la producción de conocimiento jurídico situado, riguroso y socialmente relevante. De este modo, nuestra clínica se consolida como un auténtico referente académico e institucional en el campo del derecho ambiental a nivel latinoamericano.

¡Lee los artículos completos!

Si te interesa el derecho ambiental, la práctica clínica o la defensa del entorno natural, te invitamos a revisar y descargar de forma gratuita estas investigaciones en el siguiente enlace oficial:

• Dossier Especial N.º 20 – Revista Jurídica Ibero

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