La violencia también ocurre en entornos digitales

Las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, los videojuegos en línea y otras plataformas digitales forman parte de nuestra vida cotidiana. Estos espacios permiten comunicarnos, compartir experiencias y establecer vínculos; sin embargo, también pueden ser utilizados para ejercer violencia contra otras personas.

La violencia digital comprende acciones que se cometen, facilitan o agravan mediante el uso de tecnologías digitales, y que pueden afectar la intimidad, la dignidad, la seguridad y el bienestar de las personas. Puede manifestarse a través de mensajes intimidatorios, contactos insistentes, amenazas, difusión de contenido íntimo sin autorización o la creación de perfiles falsos para perjudicar a alguien. No se trata únicamente de conflictos en internet; estas conductas pueden generar miedo, angustia y aislamiento, además de alterar las actividades cotidianas de quienes las experimentan.

En el Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha desarrollado materiales de prevención y orientación frente a estas situaciones. Asimismo, mediante el Decreto Supremo N.° 002-2025-MIMP, se incorporó expresamente la violencia facilitada por las tecnologías digitales en el reglamento de la Ley N.° 30364, en el ámbito de protección contra la violencia hacia las mujeres por su condición de tales (MIMP, 2025a; Decreto Supremo N.° 002-2025-MIMP, 2025). Esto ha permitido visibilizar que las tecnologías también pueden convertirse en medios para vulnerar derechos; por ello, es importante conocer cómo se manifiesta la violencia digital, qué conductas pueden tener relevancia penal y cuáles son las medidas que una persona afectada puede adoptar para buscar protección y ayuda.

¿Cómo se manifiesta la violencia digital?

La violencia digital puede adoptar distintas formas, y reconocerlas es un primer paso para identificar situaciones de riesgo. A continuación, mencionamos las situaciones que más se presentan en nuestro día a día:

• Acoso y hostigamiento digital. Se presentan, por ejemplo, cuando una persona recibe mensajes insistentes no deseados, es vigilada a través de sus redes sociales o experimenta intentos reiterados de contacto que afectan su tranquilidad. El artículo 151-A del Código Penal regula el delito de acoso e incluye expresamente las conductas realizadas mediante tecnologías de la información o comunicación. La norma contempla tanto determinados comportamientos reiterados como supuestos en los que la conducta, aun sin reiteración, altera el normal desarrollo de la vida cotidiana de la víctima (Decreto Legislativo N.° 1410, 2018).
• Amenazas e intimidación. Ocurren cuando alguien utiliza mensajes, publicaciones u otros medios digitales para infundir miedo, presionar o forzar a otra persona a actuar de determinada manera. Su calificación jurídica depende del contenido de la amenaza y de las circunstancias del caso.
• Suplantación de identidad. Consiste en hacerse pasar por otra persona mediante un perfil falso o el uso indebido de sus datos e imágenes. Puede utilizarse para engañar a terceros, perjudicar la reputación de la víctima o establecer contactos en su nombre. Sin embargo, es importante precisar que la existencia de un perfil falso no determina por sí sola un delito específico: es necesario examinar los hechos y las normas aplicables.
• Difusión no consentida de imágenes íntimas. Se produce cuando se comparten, publican o entregan imágenes, videos o audios de contenido sexual sin la autorización correspondiente. El artículo 154-B del Código Penal contempla esta conducta en los supuestos previstos por la ley. Que una persona haya compartido voluntariamente una imagen con alguien no significa que haya autorizado su difusión posterior.
• Chantaje sexual. Se presenta cuando alguien amenaza o intimida a otra persona para obtener una conducta o acto de connotación sexual. El artículo 176-C del Código Penal regula el chantaje sexual, incluso cuando se utilizan tecnologías digitales. Entre los supuestos contemplados se encuentra el amenazar con difundir contenido sexual para presionar a la víctima (Decreto Legislativo N.° 1410, 2018).

Estas manifestaciones pueden presentarse de manera aislada o combinada. Por ejemplo, una persona puede ser acosada mediante mensajes y, posteriormente, recibir amenazas relacionadas con la publicación de fotografías íntimas. Aunque no todas las conductas constituyen automáticamente un delito, los hechos deben evaluarse atendiendo a sus características y a la posible afectación de los derechos de la persona.

¿Qué hacer ante un caso de violencia digital?

Frente a una situación de violencia digital, actuar con cuidado puede ayudar a proteger a la persona afectada y facilitar una eventual investigación.

• Conservar la evidencia. Es recomendable guardar capturas de pantalla completas, enlaces a publicaciones, conversaciones, nombres de usuario, fechas y horas en cuanto sea posible. Es importante no editar las pruebas ni eliminar conversaciones que puedan ser relevantes. Si el contenido se encuentra publicado en una plataforma, conviene registrar el enlace y los datos disponibles antes de solicitar su eliminación.
• Evitar interacciones que aumenten el riesgo. No es necesario continuar respondiendo a mensajes intimidatorios ni acceder a las exigencias del agresor. Si la interacción incrementa el peligro, puede ser conveniente bloquear o restringir la cuenta después de preservar la evidencia. Si existen amenazas inmediatas, la prioridad debe ser la seguridad de la persona afectada.
• Acudir a los canales de orientación y denuncia. Los hechos pueden ponerse en conocimiento de una comisaría o del Ministerio Público para que las autoridades evalúen las medidas y diligencias correspondientes. También puede solicitarse orientación a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía Nacional del Perú cuando se requiera atención especializada en delitos informáticos.
• Utilizar plataformas de ayuda y líneas de atención. En casos de violencia escolar, la plataforma SíseVe permite reportar situaciones que afectan a estudiantes. Por su parte, la Línea 100 y el Chat 100 del MIMP ofrecen orientación gratuita en el ámbito de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La Línea 100 brinda atención las 24 horas, mientras que el Chat 100 proporciona orientación en línea para identificar y prevenir situaciones de violencia en las relaciones de pareja (MIMP, 2025b).
• Recurrir a las herramientas de las plataformas. Las propias plataformas digitales cuentan con mecanismos para denunciar publicaciones, perfiles o mensajes y solicitar que se revise o retire el contenido. Este procedimiento puede complementar la denuncia ante las autoridades, pero no la sustituye cuando los hechos requieren intervención legal.
• Buscar apoyo jurídico y emocional. Las situaciones de acoso, amenazas o difusión de contenido íntimo pueden generar temor, vergüenza o preocupación por la reacción de otras personas. Por ello, es fundamental buscar apoyo en personas de confianza y recurrir a servicios de orientación profesional. Cabe destacar que la víctima no es responsable de la decisión de otra persona de acosarla, amenazarla o divulgar su contenido sin autorización.

Los desafíos de la investigación de la violencia digital

Investigar estas conductas puede presentar dificultades particulares. Una de ellas es identificar a la persona responsable cuando utiliza perfiles falsos, datos ajenos o cuentas anónimas. También puede resultar complicado recuperar mensajes eliminados o reconstruir la secuencia de los hechos cuando el contenido se comparte rápidamente entre distintas plataformas.

Por ello, la preservación de la evidencia digital y el desarrollo de diligencias especializadas son aspectos fundamentales para esclarecer los hechos. Las capturas y los enlaces pueden aportar información inicial, aunque su valoración debe realizarse junto con los demás elementos disponibles. Según las circunstancias, la investigación puede requerir actuaciones técnicas y solicitudes de información a las plataformas involucradas (Ministerio del Interior, 2026). No obstante, estas dificultades no significan que la violencia digital no pueda investigarse, sino que resulta indispensable actuar oportunamente, conservar la información disponible y acudir a las autoridades competentes.

Conclusión

La violencia digital no debe minimizarse por el hecho de ocurrir en internet. Las amenazas, el acoso y la difusión no consentida de contenido íntimo pueden afectar la privacidad, la tranquilidad y la vida cotidiana de una persona. Por ello, reconocer estas conductas y conocer los mecanismos de protección resulta fundamental.

El ordenamiento jurídico peruano contempla herramientas de protección y sanción según los hechos, aunque persisten desafíos para identificar a los responsables y preservar la evidencia. Por tanto, informarse, guardar las pruebas disponibles y acudir a los canales adecuados son pasos importantes para enfrentar estas situaciones. Así, en un mundo de constante evolución tecnológica, los entornos digitales también deben ser espacios en los que se respeten la dignidad, la intimidad y los derechos de las personas.

Fuentes:

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2025). Cartilla de violencia digital N.° 01-2025. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7616380/6461331-cartilla-violencia-digital-n-01-2025.pdf?v=1739288117

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2025, 10 de febrero). Reporte estadístico acoso virtual. Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/mimp/informes-publicaciones/6459204-reporte-estadistico-acoso-virtual

Perú, Poder Ejecutivo. (2018, 12 de septiembre). Decreto Legislativo N.° 1410, Decreto Legislativo que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal, y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1690482-3

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2025). Decreto Supremo N.° 002-2025-MIMP. Plataforma Digital Única del Estado Peruano.  https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7913242/6661714-ds-n-002-2025-mimp.pdf?v=1744391411

Presidencia del Consejo de Ministros. (s. f.). ¿Qué hacer si eres víctima de ciberbullying? Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/12803-que-hacer-si-eres-victima-de-ciberbullying

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2025, 11 de septiembre). MIMP recuerda que la Línea 100 brinda atención gratuita y confidencial las 24 horas. Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/mimp/noticias/1244703-mimp-recuerda-que-la-linea-100-brinda-atencion-gratuita-y-confidencial-las-24-horas

Ministerio del Interior. (2026). Guía para la investigación de los delitos informáticos (Resolución Ministerial N.° 0066-2026-IN). Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/mininter/normas-legales/7645975-0066-2026-in

Perú, Congreso de la República. (2015, 23 de noviembre). Ley N.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Diario Oficial El Peruano.

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Destacamos la presencia de representantes de las siguientes universidades:

• Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
• Universidad de Lima
• Universidad de Piura (UDEP)
• Universidad Católica San Pablo (UCSP)
• Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
• Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
• Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO)
• Universidad Privada del Norte (UPN)
• Universidad Nacional de Cajamarca (UNC)
• Universidad Científica del Sur

En esta ocasión, la competencia se desarrolló en dos rondas virtuales y una presencial. Para la primera ronda, la comisión organizadora revisó los escritos presentados por los equipos participantes y seleccionó los 14 mejores, tanto de la posición demandante como de la demandada. Esta etapa contó con el apoyo de profesores de la Facultad de Derecho PUCP y de especialistas en derecho mercantil, quienes evaluaron los trabajos bajo la modalidad de revisión ciega. Dada la calidad académica de los escritos, el proceso de selección fue especialmente exigente.

Posteriormente, los equipos seleccionados fueron convocados a las rondas orales, que se realizaron de manera virtual los días 17 y 18 de octubre. Como en ediciones anteriores, se contó con el valioso aporte de abogados de reconocidos estudios jurídicos, jefes de gerencias legales y árbitros destacados del ámbito corporativo, quienes escucharon los alegatos de los equipos participantes.

La inauguración estuvo a cargo del profesor Edison Tabra Ochoa, quien brindó las palabras de bienvenida en representación de nuestra Facultad. Posteriormente, tras las rondas virtuales, avanzaron a las semifinales los equipos de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad de Lima y la PUCP.

El 24 de octubre, las semifinales se desarrollaron de manera presencial en el NOS PUCP, en un ambiente de emoción, competitividad y respeto. El parejo nivel de los equipos hizo muy difícil la decisión de los y las jueces. Tras el cómputo de los puntajes, clasificaron a la gran final los equipos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa (UCSP).

El enfrentamiento entre los equipos finalistas fue emocionante. Ambos equipos debatieron ante un prestigioso tribunal arbitral conformado por Fernando Molina Rey de Castro (Estudio Rodrigo), Antonio Guarniz (PPU), Cecilia González (Payet) y Edison Tabra (PUCP). Finalmente, el equipo de la Universidad Católica San Pablo se alzó con la victoria en esta cuarta edición de la competencia y obtuvo el bicampeonato.

La organización de la IV Contienda Legal de Derecho Societario agradece a los equipos participantes y a la PUCP por su calidad de anfitriona. Asimismo, extiende su reconocimiento a los/as árbitros/as que participaron en las audiencias iniciales, las semifinales y la final:

Audiencias iniciales:

• Adriana Cangalaya Ponce (CMS Grau)
• Akemi Munemura Gonzáles (Vodanovic Legal)
• Alejandra Quintanilla Gutiérrez (Estudio Payet)
• Alejandro Gayoso Saavedra (Savar Corporación Logística S.A.)
• Alessandro Mussio González (Garrigues)
• Alexandra Urbano (PUCP)
• Ana Velarde Mateo (Intercorp)
• Angie Vivanco Pedraza (PwC)
• Anthony Lizárraga Vera (Estudio Muñiz)
• Augusto Bustamante Lozada (PPU)
• Caleb Riveros Flores (Petra Legal)
• Carlos Alva Lirio (Luz del Sur S.A.A.)
• Carolina Chipollini (Estudio Rodrigo)
• Claudia Ramos Mejorada (Parque Arauco)
• Danae Ramos Granados (Estudio Rodrigo)
• Diego Martínez Saravia (PUCP)
• Enrique Zevallos (Estudio Payet)
• Farid Chará Clausen (Petra Legal)
• Juan del Campo Zamudio (Estudio Echecopar)
• Gabriela Regalado Malca (JBL Legal Consulting)
• Gonzalo Gibaja Aucapuri (Anders Group)
• Jessica Valdivia Amayo (Porto Legal)
• Jesús Vigil Acuña (Petra Legal)
• Jhosselyn Rejas (Estudio Muñiz)
• Juan Carlos Vélez (Estudio Muñiz)
• Lourdes Menacho Bailón (Vodanovic Legal)
• Manuel Vargas Castillo (ZUMA+ 360 Advisory)
• Nathalí Aquino Bullón (PUCP)
• Nicolle Gamarra Soncco (PwC)
• Nilton Mitsuo Vásquez (SBS)
• Orializ Espinoza Soto (Cuatrecasas)
• Rafael Lulli Meyer (Rebaza, Alcázar & De las Casas)
• Rodrigo Saldaña Custodio (Bank of China)
• Sharmilla Ríos Peña (Estudio Payet)
• Theo Briolo Sánchez (PUCP)
• Víctor Paladines Weiss (PUCP)

Semifinal:

• Alfonso Montoya Stahl (Estudio Rodrigo)
• José Taboada Mier (MARC Perú)
• José Villafuerte Mendoza (Cementos Pacasmayo)
• Julio Durand Carrión (PUCP)
• Mariella del Barco Herrera (U. de Lima)
• Melanie Castillo Villafuerte (Grupo Intercorp)
• Paolo del Águila Ruiz de Somocurcio (PUCP)
• Roberto Valderrama Lozada (Petra Legal)
• Wendy Ledesma Orbegozo (PUCP)

Final:

• Antonio Guarniz Izquierdo (Estudio PPU)
• Cecilia Gonzáles Guerra (Estudio Payet)
• Edison Tabra Ochoa (PUCP)
• Fernando Molina Rey de Castro (Estudio Rodrigo)
• Fredy Escobar Rozas (PUCP)

Organización y Dirección

La dirección de esta cuarta edición estuvo a cargo del profesor Edison Tabra Ochoa y de la estudiante Valeria Nieto Segundo. La contienda fue organizada por la Facultad de Derecho PUCP y el Equipo de Derecho Mercantil (EDM), y contó con el auspicio del Programa de Segunda Especialidad en Derecho Corporativo y de la Maestría en Derecho de la Empresa de la PUCP.

Enlaces a las rondas virtuales:

• Día 1:
  • Ver primera parte
  • Ver segunda parte
• Día 2:
  • Ver primera parte
  • Ver segunda parte

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Un paso decisivo en nuestro compromiso con la calidad

Derecho PUCP se encuentra en una etapa clave para lograr la anhelada acreditación internacional. Tras completar la primera fase del proceso, estamos listos para iniciar la segunda fase: la de Evaluación Externa.

Recibiremos a las tres integrantes del comité evaluador designado por la agencia mexicana CONAED. Ellas sostendrán reuniones con los diversos actores de nuestra comunidad y conocerán de cerca la dinámica institucional que hace única a nuestra carrera.

¡Tu participación hace la diferencia!

La acreditación es un logro colectivo. Por eso, la voz y el compromiso de cada una y cada uno de nosotros(as) —estudiantes, docentes, personal administrativo y egresados(as)— son cruciales durante las reuniones programadas.

Contamos con tu participación.

¡Sigue acompañándonos en la ruta rumbo a la acreditación internacional de Derecho PUCP!

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Sesión informativa: Open House de Max Planck Law

La red ha organizado una sesión orientada a investigadores en Derecho o disciplinas afines que tengan interés en la formación doctoral y en posiciones posdoctorales.

• Fecha y hora: 1 de diciembre de 2026 a las 11:30 a. m., hora de Alemania (CET), lo que equivale a las 5:30 a. m. en Lima.
• Inscripción: Las personas interesadas pueden registrarse en el sitio web del evento https://law.mpg.de/event/open-house-winter-2026/.
• Beneficios de la red: Max Planck Law abarca áreas que van desde la antropología del derecho hasta el derecho tributario, priorizando los enfoques comparados, interdisciplinarios y transnacionales. Según indican los organizadores, los investigadores que cursan un doctorado o posdoctorado en esta institución no pagan matrícula y pueden acceder a posiciones con financiamiento completo.

Convocatoria para estancias posdoctorales

En este mismo marco, el Instituto Max Planck para el Estudio del Delito, la Seguridad y el Derecho, ubicado en Friburgo de Brisgovia (Alemania), ha abierto una convocatoria para cubrir diversos puestos de posdoctorado. Estas vacantes corresponden al Departamento de Derecho Público, el cual es dirigido por el Prof. Dr. Ralf Poscher.

• Líneas de investigación: Se centran en el Derecho de la seguridad pública, los fundamentos del Derecho público, así como en la Filosofía del derecho y la teoría jurídica.
• Alineación de proyectos: El instituto requiere que el proyecto o interés de investigación del postulante se alinee con el programa del Departamento, el cual puede consultarse en: https://csl.mpg.de/en/public-law/research-program.
• Requisitos del perfil: Es indispensable contar con un doctorado en Derecho, en humanidades afines o en ciencias sociales, respaldado por resultados sobresalientes. La tesis doctoral (redactada en inglés o alemán) debe haber obtenido la calificación summa cum laude o la nota máxima dentro de su respectivo sistema de calificación. Si bien el dominio del idioma alemán no es un requisito, se considerará una ventaja.

Documentación solicitada

Para postular, es necesario presentar los siguientes documentos:

• Carta de presentación en la que se detallen los intereses de investigación y la experiencia académica relevante.
• Propuesta de investigación con una extensión máxima de tres páginas.
• Curriculum vitae detallado.
• Lista completa de publicaciones.
• Copia de la tesis doctoral.
• Hasta dos publicaciones adicionales que resulten relevantes para el área.
• Certificados académicos y, de corresponder, constancias laborales.
• Nombre y datos de contacto de al menos dos supervisores profesionales (actuales o anteriores) que hayan aceptado brindar una referencia.

Fechas y enlaces de interés

• Cierre de convocatoria: La fecha límite para enviar la postulación es el 30 de noviembre de 2026.
• Plataforma de postulación: Las candidaturas deben enviarse directamente mediante el portal del Instituto: https://csl.mpg.de/en/career.
• Aviso completo: Se encuentra disponible para su lectura en https://recruitingapp-5535.de.umantis.com/Vacancies/513/Description/2.
• Consultas adicionales: Pueden dirigirse a la Dra. Annika Hampel, Recruitment Officer del Instituto, a través de su perfil: https://csl.mpg.de/en/annika-hampel.

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Este evento se dividió en dos momentos. En primer lugar, la Ceremonia de Premiación de los Rankings 2025-2 y 2026-1, en la que se reconoció a los centros de prácticas que han demostrado su compromiso al brindar una experiencia formativa de excelencia a nuestros estudiantes de Derecho. Ambos rankings reflejan la opinión de nuestros practicantes, quienes evaluaron a los centros de prácticas en nueve rubros, tales como el ambiente de trabajo, la subvención económica, la transparencia y muchos más.

Posteriormente, se llevó a cabo la segunda edición del conversatorio “Prácticas que inspiran: conoce a las y los colaboradores OPPS”, un espacio para conocer a cuatro destacados abogados PUCP que compartieron su experiencia como practicantes, los desafíos que enfrentaron y cómo lograron posicionarse en el mundo del Derecho.

En esta edición, contamos con la participación de:

• Andrea Cadenas – Regulación y Competencia (Bullard, Falla & Ezcurra Abogados)
• Patricia Maraví – Compliance (TASA)
• Katherine Ninanya – Derecho Laboral (Echecopar)
• Jhonatan Quispe – Litigios y Arbitrajes (Estudio Jorge Avendaño Abogados)

Este espacio también permitió a los estudiantes compartir sus consultas y expectativas sobre esta etapa formativa, brindando así la oportunidad a los colaboradores OPPS de trasladar sus recomendaciones sobre los procesos de selección y las oportunidades que otorgan las prácticas preprofesionales.

¡Mira la galería de fotos aquí!

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“La promoción del vínculo entre los egresados y estudiantes es un trabajo constante con el que la Facultad de Derecho PUCP se encuentra comprometida. Este espacio ha permitido a los estudiantes conocer un poco más de nuestra carrera, y a los abogados, compartir su experiencia en su alma mater”

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El evento puso en relieve el rol fundamental que desempeñan los sectores público y privado en el desarrollo de la infraestructura pública, la prevención frente a desastres naturales y los esquemas de financiamiento aplicables.

Principales temas abordados

Durante las intervenciones, los ponentes compartieron sus perspectivas sobre:

• Prevención y regulación: Marcos regulatorios e inversión pública para la gestión de riesgos de desastres.
• Aporte del sector privado: El impacto de las Alianzas y mecanismos como Obras por Impuestos.
• Oportunidades laborales: Las opciones de empleabilidad y desarrollo profesional vinculadas a esta materia para estudiantes y egresados/as de la facultad.

“El mecanismo de Obras por Impuestos cuenta con la capacidad para contribuir a la reducción de la brecha de infraestructura sostenible en el país, incorporando en su planificación y diseño la prevención de desastres naturales. La presencia de abogados y estudiantes de la Facultad de Derecho PUCP se ha consolidado en esta área, por lo que se tiene previsto que se continúe teniendo oportunidades de prácticas preprofesionales vinculadas a las Obras por Impuestos.”

Panel de ponentes y moderación

El seminario contó con la participación de destacados expertos en la materia:

• Jesús Garrido, Profesor de la Universidad de Granada (España).
• Marco Aiquipa, Gerente de Proyectos Institucionales del Banco de Crédito del Perú (unidad a cargo de la gestión de proyectos de Obras por Impuestos).
• Paul Villegas, Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La moderación de la mesa estuvo a cargo de Lenin Mayorga, profesor de nuestra casa de estudios.

¡Revisa la galería de fotos aquí!

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Las denuncias de violencia sexual sistemática contra niños, niñas y adolescentes de los pueblos awajún y wampís en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, no constituyen un fenómeno reciente, sino una problemática documentada desde inicios de la década de 2000 (Villasante, 2024). Su persistencia, a lo largo del tiempo, evidencia la existencia de graves y prolongadas barreras para la prevención, protección y garantía del acceso efectivo a la justicia.

Al respecto, la magnitud de esta problemática quedó especialmente expuesta en junio de 2024, cuando el Consejo de Mujeres Awajún/Wampís (COMUAWUY) denunció públicamente alrededor de 524 casos de violencia sexual cometida por docentes contra escolares desde el 2010 (Levaggi, 2024, p. 22). Esta cifra permitió dimensionar que no se trata de hechos aislados, sino de una situación sostenida que pone en evidencia serias deficiencias en los mecanismos estatales de prevención, protección y respuesta institucional frente a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes indígenas.

Asimismo, la gravedad de esta situación ha sido posteriormente advertida y documentada por la Defensoría del Pueblo, que ha identificado la persistencia de casos de violencia sexual en la provincia de Condorcanqui y señalado deficiencias estatales en su prevención, atención, denuncia, registro, investigación y sanción (2024). A pesar de dicha advertencia, en marzo de 2026, la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República reportó que, a la fecha, se registraban más de 800 denuncias por delitos contra la libertad sexual en agravio de menores en las provincias de Condorcanqui, Río Santiago y El Cenepa (2026).

Ulteriormente, el Informe Defensorial N.º 287, publicado el 16 de septiembre de 2026, confirmó que, pese a las intervenciones estatales desarrolladas, aún persisten graves brechas en la protección de niñas y adolescentes indígenas de la provincia[1]. En ese aspecto, la Defensoría del Pueblo ha indicado que la violencia sexual es una de las manifestaciones más graves de violencia de género en la región y, tras su análisis, ha advertido omisiones en su prevención, atención, denuncia, registro y separación preventiva del personal denunciado, así como demoras que han contribuido a la prescripción de procedimientos disciplinarios (2026, pp. 52-53).

Por consiguiente, la reiteración de estos hechos durante más de una década permite dilucidar la existencia de un problema de carácter estructural, que trasciende la responsabilidad individual de quienes cometen los actos de violencia y compromete el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, protección, investigación y sanción. En este escenario, adquiere especial relevancia la obligación estatal de garantizar a los niños, niñas y adolescentes indígenas una vida libre de violencia y un acceso efectivo a la justicia, en condiciones de igualdad y con pertinencia cultural.

Ahora bien, la problemática descrita no se limita, además, al ámbito educativo. En el marco de la misión desarrollada en la provincia de Condorcanqui por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) durante inicios de septiembre de 2026, se evaluaron las condiciones de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes indígenas víctimas de violencia sexual (Coordinación Nacional VCMIGF, 2026). Al respecto, Mónica Maureira, vicepresidenta del Comité de Expertas, señaló que la violencia identificada alcanza también los ámbitos familiar y comunitario, mientras que las barreras geográficas, lingüísticas e institucionales dificultan el acceso efectivo a la justicia (Cervilla, 2026). De este modo, la respuesta frente a la violencia sexual en Condorcanqui exige superar una aproximación limitada al ámbito escolar y considerar las condiciones estructurales que dificultan el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas y adolescentes indígenas.

En este contexto, el caso Condorcanqui ha adquirido especial relevancia en el debate sobre la protección de niños, niñas y adolescentes indígenas frente a la violencia sexual y sobre las condiciones en las que acceden a los servicios estatales de protección y justicia. La concurrencia de factores como la edad, el género, la pertenencia a un pueblo indígena, la situación socioeconómica y la ubicación territorial plantea desafíos particulares para la respuesta estatal. Por ello, el abordaje de estos hechos requiere considerar los enfoques de género, interculturalidad e interseccionalidad, así como el deber de debida diligencia que corresponde a las autoridades frente a la violencia sexual.

Una vulnerabilidad que es interseccional

La situación de los niños, niñas y adolescentes de Condorcanqui no puede comprenderse a partir de una sola categoría de vulnerabilidad, sino que debe ser evaluada desde una noción de interseccionalidad[2]. En el presente caso, la condición de niñas activa un régimen reforzado de protección; su condición de mujeres introduce la dimensión de género; su pertenencia a pueblos indígenas involucra derechos vinculados con identidad, cultura y lengua; y las condiciones territoriales y socioeconómicas pueden constituir barreras adicionales para acceder a los servicios estatales. En otras palabras, son dimensiones que operan como marcadores adicionales de vulnerabilidad, que acentúan la exposición al daño y condicionan el acceso efectivo a la justicia de las víctimas. 

Precisamente, esta perspectiva encuentra sustento en la Recomendación General N.º 39 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), relativa a los derechos de las mujeres y niñas indígenas. En dicho instrumento se reconocen las formas interseccionales de discriminación que pueden afectar a las mujeres y niñas indígenas (párrafo 17). Asimismo, casos como Gonzáles Lluy y otros vs. Ecuador (2015) refuerzan este cariz, al argumentar que la concurrencia de distintos factores de vulnerabilidad puede generar situaciones particulares de discriminación (Corte IDH, párrafos 10-12). En Condorcanqui, esta mirada permite comprender que las barreras estructurales que enfrentan los niños, niñas y adolescentes indígenas requieren respuestas diferenciadas, conforme también a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad[3].

Violencia sexual: una respuesta con enfoque de género

El enfoque de género resulta fundamental para comprender la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, pues permite identificar las relaciones de poder y desigualdad que pueden encontrarse detrás de estos hechos que, finalmente, reproducen la estructura patriarcal (Miró Quesada, 2022, p. 150). En esta materia, el Acuerdo Plenario N.º 1-2011/CJ-116 desarrolla los criterios para la valoración de los delitos contra la libertad sexual desde una perspectiva de género que permita evitar estereotipos o sesgos de género y considerar las circunstancias particulares de las víctimas (2011, fundamentos jurídicos 9-10).

Este criterio resulta particularmente importante en Condorcanqui, en tanto la pertenencia a una comunidad indígena no elimina las relaciones de género, y la existencia de prácticas culturales propias no permite presumir que determinados actos de violencia constituyan manifestaciones legítimas de la cultura. En ese extremo, el enfoque de género no supone desconocer la identidad cultural de los pueblos indígenas, sino que exige identificar cómo determinadas relaciones de poder pueden favorecer la violencia o su invisibilización y evitar que las propias instituciones reproduzcan esos patrones.

Justicia con enfoque intercultural

En línea con el artículo 5.° y 8.° del Convenio 169 de la OIT[4], el artículo 149.° de la Constitución Política del Perú reconoce funciones jurisdiccionales a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas dentro de su ámbito territorial, siempre que no se vulneren los derechos fundamentales de la persona. Este reconocimiento forma parte del modelo constitucional de pluralismo jurídico y cultural (Trujillo y Berrocal, 2026). En este contexto, el análisis de Condorcanqui exige abordar la relación entre la justicia estatal y los sistemas jurídicos indígenas.

Como la doctrina peruana ha desarrollado, el pluralismo jurídico exige reconocer la existencia de sistemas jurídicos indígenas y avanzar hacia mecanismos de coordinación que permitan su coexistencia en condiciones de igualdad. No obstante, reconocer la diversidad jurídica no significa que se deba validar cualquier práctica en nombre de la costumbre que lesionen bienes jurídicos tutelados. Existe un límite constitucional y convencional: los derechos fundamentales (Yrigoyen, 2025, p. 312).

Aunado a ello, en materia jurisprudencial, el Acuerdo Plenario N.º 1-2015/CIJ-116 ha sido desarrollado, con el propósito de poder orientar la aplicación del artículo 15.° del Código Penal en procesos interculturales vinculados con delitos de violencia sexual contra menores de edad. En ese punto, la Corte Suprema exige una aplicación restrictiva de dicha disposición, pericias antropológicas técnicamente idóneas y un razonamiento judicial que incorpore el enfoque de género y el interés superior del niño. Asimismo, busca evitar que los factores culturales sean empleados arbitrariamente para favorecer a los autores de estos delitos (2015, fundamentos jurídicos 8-9).

En virtud de lo señalado, la justicia intercultural debe evitar dos vertientes: el etnocentrismo jurídico, que desconoce la autonomía y diversidad cultural de los pueblos indígenas, y el relativismo cultural, que termina justificando la afectación de derechos fundamentales en nombre de la cultura.

Cuando la cultura se convierte en una justificación de la violencia sexual y la revictimización

La cultura constituye un elemento indispensable para comprender las formas de organización y las dinámicas sociales de los pueblos indígenas. Sin embargo, su consideración como contexto no puede convertirse en una explicación que relativice la violencia sexual ni que desplace la responsabilidad de quienes la cometen o de las instituciones encargadas de prevenirla, investigarla y sancionarla (Levaggi, 2024, p. 23). En el presente caso, esta discusión adquirió especial relevancia a raíz de declaraciones de autoridades que asociaron la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes awajún y wampís con supuestas “prácticas culturales”[5] o que “no constituían un problema del Ejecutivo”, comentarios que posteriormente fueron matizados ante los cuestionamientos recibidos (Calderón, 2025; Paucar, 2026). Frente a ello, representantes de mujeres awajún cuestionaron públicamente esta interpretación por considerar que trasladaba la responsabilidad hacia las propias víctimas y reproducía prejuicios sobre los pueblos indígenas (Angulo, 2026).

En ese extremo, la problemática no se limita al contenido de determinadas declaraciones, sino que debe observarse en relación con la respuesta institucional frente a las denuncias. En febrero de 2026, el Ministerio Público tuvo que reactivar las fiscalías especializadas de Río Santiago y El Cenepa después de que organizaciones indígenas alertaran sobre el riesgo de impunidad generado por su desactivación y por la falta de personal especializado para atender estos casos y garantizar el funcionamiento de la Cámara Gesell (Pizarro, 2026). Lamentablemente, ante la falta de dichos recursos, se visibilizó un problema mayor: la revictimización de las víctimas. Particularmente, se recogió el testimonio de una niña víctima de violencia sexual, cuyo presunto agresor continuaba en libertad, mientras ella debía adoptar medidas para protegerse o incluso alejarse de su comunidad (Giraldo, 2026).

Estas circunstancias permiten advertir que la revictimización no se produce únicamente durante la toma de declaraciones o la valoración de la prueba, sino cuando el Estado no adopta medidas oportunas de protección, cuando una víctima debe convivir con su presunto agresor o cuando las deficiencias institucionales prolongan su exposición al riesgo. En este punto resulta especialmente relevante la actuación del Estado con debida diligencia. Concretamente, la jurisprudencia de la Corte IDH ha desarrollado esto en el caso Gonzáles y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en contextos de violencia contra las mujeres. Así, los Estados deben adoptar medidas integrales de prevención, fortalecer sus instituciones y responder eficazmente ante las denuncias, bajo un deber reforzado de debida diligencia derivado también del artículo 7, inciso b, de la Convención de Belém do Pará[6] (2009, párrafo 284).

Para efectos del caso, claramente, la jurisprudencia de la Corte IDH ya se ha pronunciado al respecto en el caso Rosendo Cantú y otra vs. México, mediante la cual examinó las barreras que enfrentan las mujeres indígenas víctimas de violencia sexual para acceder a la justicia (2011, párrafos 168-170), así como obligaciones estatales de prevención y protección frente a la violencia sexual en el ámbito escolar (Corte IDH, 2020, párrafo 127). Del mismo modo, en el ámbito nacional, a través del Acuerdo Plenario N.º 1-2011/CJ-116 se han establecido criterios orientados a evitar estereotipos de género en la valoración de la prueba en delitos sexuales (2011, fundamentos jurídicos 8-10).

Por tanto, las dificultades lingüísticas, geográficas, familiares o comunitarias que rodean las denuncias de violencia sexual en Condorcanqui, deben ser atendidas mediante medidas estatales adecuadas y no utilizadas para cuestionar la credibilidad de las víctimas. En tal sentido, la interculturalidad exige adaptar los mecanismos de protección y justicia al contexto de los niños, niñas y adolescentes awajún y wampís, pero sin disminuir el nivel de protección de sus derechos. A la luz de las obligaciones del Estado para frenar la violencia sexual, es primordial que las autoridades adopten medidas oportunas para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar. Comprender el contexto cultural es necesario para brindar una respuesta eficaz; empero, utilizarlo para explicar, minimizar o desplazar la responsabilidad frente a la violencia sexual, puede profundizar las barreras de acceso a la justicia y favorecer escenarios de impunidad y revictimización.

Conclusiones

En términos generales, el caso Condorcanqui evidencia que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes indígenas no puede ser entendida únicamente como un conjunto de hechos individuales. La persistencia de las denuncias, las barreras geográficas y lingüísticas y las deficiencias institucionales muestran que existen múltiples factores que afectan tanto la prevención de la violencia como las posibilidades reales de acceder a protección y justicia.

Bajo esa mirada, los estándares nacionales e interamericanos permiten identificar las obligaciones estatales para actuar frente a esta situación preocupante.  Por ello, resulta menester incorporar un análisis del caso con perspectiva de género, noción de interseccionalidad, protección especial de niños, niñas y adolescentes, la interculturalidad y la debida diligencia para garantizar una respuesta estatal adecuada.

En consecuencia, los casos de violencia sexual en las comunidades indígenas en Condorcanqui no plantean una oposición entre cultura y derechos humanos, sino que el desafío consiste en garantizar el respeto a la identidad y diversidad cultural, sin que implique reducir la protección de la niñez y adolescencia. Una justicia intercultural debe ser capaz de prevenir la violencia, facilitar el acceso a la justicia, evitar la revictimización, sancionar las conductas ilícitas de los perpetradores, reparar a las víctimas y contribuir al cambio de las condiciones que permitieron la impunidad y la persistencia de estos abusos

Referencias bibliográficas:

Angulo, J. (23 de septiembre de 2026). Mujeres awajún cuestionan a ministros por vincular violencia sexual contra niñas con prácticas culturales en Condorcanqui. INFOBAE. https://www.infobae.com/peru/2026/09/24/mujeres-awajun-cuestionan-a-ministros-por-vincular-violencia-sexual-contra-ninas-con-practicas-culturales-en-condorcanqui/

Calderón, C. (19 de mayo de 2025). Fiscalía denuncia a Morgan Quero y Ángela Hernández ante el Congreso por justificar violencia sexual contra niñas Awajún y Wampís. INFOBAE. https://www.infobae.com/peru/2025/05/19/fiscalia-denuncia-a-morgan-quero-y-angela-hernandez-ante-el-congreso-por-justificar-violencia-sexual-contra-ninas-awajun-y-wampis/

Cervilla, J. (21 de septiembre de 2026). Mónica Maureira: “La violencia sexual en Condorcanqui va mucho más allá del ámbito educativo”. PuntoEdu. https://puntoedu.pucp.edu.pe/entrevista/monica-maureira-violencia-sexual-condorcanqui-mas-alla-del-ambito-educativo/

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. (Comité CEDAW). (2022). Recomendación General N.º 39 sobre los derechos de las mujeres y las niñas indígenas. (CEDAW/C/GC/39). https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGC%2f39&Lang=sp

Congreso de la República. (3 de marzo de 2026). Comisión de la Mujer y Familia aborda riesgo de atención de más de 800 casos de abuso sexual infantil en Condorcanqui. https://comunicaciones.congreso.gob.pe/despacho-informa/comision-de-la-mujer-y-familia-aborda-riesgo-en-la-atencion-de-mas-de-800-casos-de-abuso-sexual-infantil-en-condorcanqui/

Coordinación Nacional VCMIGF. (12 de septiembre de 2026). Ministerio Público participó en la presentación de resultados de la Visita Técnica de Expertas de la OEA a Condorcanqui. https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/1443430-ministerio-publico-participo-en-la-presentacion-de-resultados-de-la-visita-tecnica-de-expertas-de-la-oea-a-condorcanqui

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Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Corte IDH). (2015). Caso Gonzáles Lluy y otros vs. Ecuador. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Corte IDH). (2020). Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2020. (Fondo, Reparaciones y Costas). https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_405_esp.pdf

Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. (6 de diciembre de 2011). VII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria (Acuerdo Plenario N.° 1-2011/CJ-116). https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/10b3e2004075b5dcb483f499ab657107/ACUERDO+PLENARIO+N%C2%B0+1-2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=10b3e2004075b5dcb483f499ab657107

Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. (2 de octubre de 2015). IX Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria (Acuerdo Plenario N.° 1-2015/CJ-116). https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/04/AP-1-2015-CIJ-116-LPDerecho.pdf

Crenshaw, K. (1989). Interseccionalidad. Traducción: C. Carretero. https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Kimberle%20W%20Crenshaw%20-%20Interseccionalidad.pdf

Defensoría del Pueblo. (14 de junio de 2024). Defensoría del Pueblo rechaza actos de violencia sexual contra estudiantes awajún y demanda la separación inmediata de docentes. https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-rechaza-actos-de-violencia-sexual-contra-estudiantes-awajun-y-demanda-la-separacion-inmediata-de-docentes/

Defensoría del Pueblo. (2026). Informe Defensorial N.º 287. El servicio educativo brindado a adolescentes indígenas en la provincia de Condorcanqui. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2026/09/Informe-Defensorial-287-El-servicio-educativo-brindado-a-adolescentes-ind%C3%ADgenas-en-la-provincia-de-Condorcanqui.pdf

Giraldo, C. (7 de septiembre de 2026). “Dijeron que ande con mucho cuidado”: el crudo testimonio de una niña víctima de violencia sexual en Condorcanqui. INFOBAE. https://www.infobae.com/peru/2026/09/07/dijeron-que-ande-con-mucho-cuidado-el-crudo-testimonio-de-una-nina-victima-de-violencia-sexual-en-condorcanqui/

Levaggi, R. (2024). Violencia sexual en comunidades nativas de Condorcanqui: el desafío para la justicia en contextos de diversidad cultural. La Revista Agraria 207, pp. 22 – 24. https://app.vlex.com/search/jurisdiction:PE+content_type:4/condorcanqui/vid/1053419871

Miró Quesada, J. (2022). El género en la concepción y aplicación de la justicia penal. THEMIS, (81), pp. 149-168.
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/26497/24945

Oficina Internacional del Trabajo. (2014). Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/indigenous-and-tribal-peoples-convention-1989-no-169

Organización de los Estados Americanos. (OEA). (1994). Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará).  https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

Paucar, L. (13 de septiembre de 2026). Ministra de la Mujer afirma que violencia sexual contra menores en Condorcanqui “no es un problema” del Ejecutivo. INFOBAE. https://www.infobae.com/peru/2026/09/13/ministra-de-la-mujer-afirma-que-la-violencia-sexual-contra-menores-en-condorcanqui-no-es-un-problema-del-ejecutivo/

Pizarro, O. (14 de febrero de 2026). Ministerio Público reactiva fiscalías en Condorcanqui tras denuncias por riesgo de impunidad. INFOBAE. https://www.infobae.com/peru/2026/02/14/ministerio-publico-reactiva-fiscalias-en-condorcanqui-tras-denuncias-por-riesgo-de-impunidad/

Secretaría Permanente Cumbre Judicial Iberoamericana. (2008). Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5128886/Reglas%20de%20Brasilia.pdf?v=1694702458

Trujillo, C. y Berrocal, P. (11 de abril de 2026). Los delitos contra la libertad sexual en los pueblos originarios en el Perú: tensión entre la interculturalidad y la protección de derechos fundamentales. Editorial Enfoque Derecho. https://enfoquederecho.com/editorial-los-delitos-contra-la-libertad-sexual-en-los-pueblos-originarios-en-el-peru-tension-entre-la-interculturalidad-y-la-proteccion-de-derechos-fundamentales/

Villasante, M. (25 de junio de 2024). Las violaciones de niñas wampís y awajún: injusticia comunitaria y ordinaria e impunidad. IDEHPUCP. https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/las-violaciones-de-ninas-wampis-y-awajuninjusticia-comunitaria-y-ordinaria-e-impunidad/

Yrigoyen, R. (2025). Hacia la aplicación efectiva del pluralismo jurídico igualitario en el Perú. CICAJ-DAD: Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 273-329. https://repositorio.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/fb105522-3aa8-4299-9501-4f49faecb143/content

[1] A través del Informe Defensorial N.º 287, la Defensoría del Pueblo enfatizó en que las “(…) cifras evidencian una severa vulneración de los derechos fundamentales a la integridad, salud y educación de los niños y adolescentes en los colegios públicos de Condorcanqui. Esta problemática persiste desde hace más de una década, sin que las autoridades del gobierno nacional y subnacional hayan logrado implementar medidas que la solucionen de manera efectiva”.

[2] Kimberlé Crenshaw (1989) acuñó el término “interseccionalidad” para explicar cómo “(…) entran en juego múltiples variables. Además de considerar las intersecciones de raza y género, [también se centró] (…) en el papel que desempeñan la cultura, el idioma, la nacionalidad y la situación migratoria en las experiencias de violencia de las mujeres” (p. 139).

[3] En el Capítulo I, Preliminar, las Reglas de Brasilia (2008) manifiestan tácitamente sobre la condición de vulnerabilidad de las personas integrantes de las comunidades indígenas, al ejercer sus derechos ante el sistema de justicia estatal (párrafo 9). Del mismo modo, indica que la discriminación que las mujeres sufren en distintos ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia, lo cual agrava su condición y afecta, a sobremanera, sus derechos humanos  (párrafos 17-20).

[4] Artículo 5.

b) Deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones [énfasis añadido] de esos pueblos.

Artículo 8.

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones [énfasis añadido] propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

[5] Sobre los comentarios propalados por el exministro de Educación, Morgan Quero, y la exministra de la Mujer, Ángela Hernández, acerca de la situación de los menores víctimas de violencia sexual sistemática en la provincia de Condorcanqui, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República por presunto delito de discriminación.

[6] Artículo 7.-

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

(…)

 b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

(…).

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Si buscas llevar tu formación jurídica al siguiente nivel, representar a tu universidad internacionalmente y formar parte de una tradición de excelencia académica, esta es tu oportunidad.

Un Legado de Excelencia en el Derecho Internacional

Nuestra universidad cuenta con un recorrido destacado en la Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, habiendo registrado participaciones sobresalientes en los años 2002, 2003, 2004, 2014 y 2015.

Tras un exitoso retorno a la competencia en 2025 y haberse coronado como Campeones Nacionales en 2026, la PUCP busca consolidar un nuevo equipo ganador para la edición 2027. La preparación estará a cargo de un cuerpo docente y de asesores de primer nivel liderado por el profesor Victor Saco, el abogado Mario Saenz Solano y los integrantes del Equipo Jessup PUCP 2026.

Perfil del Postulante: ¿A quiénes buscamos?

Buscamos estudiantes de Derecho con pasión, compromiso y excelencia. Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos académicos y logísticos:

Requisitos Académicos

• Rendimiento sobresaliente: Pertenecer al Tercio Superior de la Facultad de Derecho.
• Conocimiento especializado: Haber aprobado el curso de Derecho Internacional Público ubicándose dentro de los tres primeros puestos de su respectivo horario. Haber cursado otras materias de Derecho Internacional será valorado de manera positiva.
• Dominio del idioma: Nivel avanzado de inglés demostrado.
• Compromiso total: Disponibilidad completa entre noviembre de 2026 y abril de 2027 para la investigación, análisis del caso y redacción de memoriales. Se requiere alta responsabilidad y no contar con obligaciones incompatibles. La dedicación iniciará con hasta 6 horas semanales, las cuales podrán incrementarse progresivamente según la fase de preparación.

Requisitos Logísticos

• Acreditación de inglés: Certificado de nivel avanzado emitido por una institución oficial o un examen internacional reconocido y vigente que acredite suficiencia en el idioma.
• Documentación de viaje: Es indispensable contar con visa vigente para Canadá (o tener disponibilidad inmediata para gestionarla) con el fin de participar en las rondas internacionales en caso de clasificar.
• Solvencia económica: Contar con los recursos requeridos para cubrir los gastos de participación y el trámite de visa. La Facultad podrá brindar un apoyo económico parcial, sujeto a la disponibilidad presupuestal.

Proceso de Selección y Fechas Clave

El proceso de postulación se desarrolla en tres etapas consecutivas:

Paso 1: Prepara tu documentación

Antes de completar el formulario, asegúrate de contar con los siguientes archivos digitalizados:

1. CV descriptivo actualizado.
2. Captura de pantalla de tu Promedio Ponderado Normalizado Estratificado (PPNE).
3. Captura de pantalla que acredite tu rendimiento en el curso de Derecho Internacional Público y otros cursos afines a la materia.
4. Consolidado curricular (descargado directamente desde el Campus Virtual).
5. Certificado de inglés avanzado o constancia de examen internacional vigente.
6. Declaración jurada simple firmada, indicando tu compromiso de disponibilidad y continuidad en el proceso.

Paso 2: Envía tu postulación

Completa tus datos y adjunta la documentación solicitada en el formulario oficial:

Plazo límite: Lunes 26 de octubre de 2026, hasta las 23:59 horas.

Paso 3: Entrevista personal

Tras la evaluación de expedientes, los/as candidatos/as seleccionados/as serán citados a una entrevista individual (virtual o presencial) con una duración de 10 minutos.

• Fechas de entrevistas: 6 y 7 de noviembre de 2026.

¡No pierdas la oportunidad de formar parte de este desafío académico y llevar el nombre de la PUCP a lo más alto a nivel internacional!

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La Facultad de Derecho celebró dos jornadas académicas centradas en las oportunidades y retos que trae la IA a las aulas y la investigación. Conoce las principales reflexiones, el testimonio de nuestros invitados y la galería del evento.

¿Cómo está transformando la inteligencia artificial generativa (IAG) la forma en que investigamos el Derecho? Con esta interrogante como punto de partida, la Dirección de Estudios (DIES) de la Facultad de Derecho de la PUCP llevó a cabo el encuentro “Experiencias y usos de la IA generativa en la investigación jurídica en la Facultad de Derecho: hacia un uso ético y responsable”, celebrado los días 26 y 27 de agosto.

El evento reunió a docentes, investigadores, especialistas y estudiantes en un espacio dinámico de diálogo e intercambio sobre el impacto de estas tecnologías, sus aplicaciones metodológicas y los dilemas que surgen al incorporarlas al ámbito académico.

Una mirada internacional al futuro del Derecho

El encuentro contó con la destacada participación internacional de la Dra. Gabriela Constanza Arriagada Bruneau, especialista en ética aplicada y tecnología, quien puso sobre la mesa una cuestión fundamental para el presente y el futuro del Derecho: cómo aprovechar las posibilidades de la inteligencia artificial sin dejar de lado el pensamiento crítico, el rigor académico y la responsabilidad ética.

A continuación, te invitamos a ver un breve video donde la Dra. Arriagada nos comparte sus impresiones sobre el evento y la importancia de abordar la tecnología con responsabilidad:

Galería del evento: Dos días de diálogo e intercambio

Compartimos algunos de los mejores momentos de estas jornadas de reflexión en nuestra Facultad:

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Hacia una formación jurídica de vanguardia

Este encuentro reafirma el compromiso de la Facultad de Derecho de la PUCP con la excelencia académica y la formación integral de sus estudiantes. Frente al avance tecnológico, nuestra comunidad universitaria continúa marcando pautas para liderar una transformación digital responsable, con sentido crítico y al servicio de la sociedad.

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¿Qué es el Vis Moot y por qué participar?

Desde su creación en 1994, el Willem C. Vis Moot se ha consolidado como el certamen académico más relevante de su especialidad, congregando cada año a más de 400 universidades en las sedes de Viena (Austria) y Hong Kong (China). Su objetivo central es promover el estudio del Derecho Comercial Internacional y del Arbitraje Comercial como el mecanismo predilecto por la comunidad empresarial global para resolver controversias transfronterizas.

Participar en esta experiencia va mucho más allá de una competencia académica tradicional. Durante seis meses de preparación intensiva, los integrantes del equipo desarrollarán competencias de alto nivel para el ejercicio profesional:

• Formación práctica avanzada: Investigación jurídica rigurosa, redacción legal estratégica y argumentación oral en inglés.
• Simulación de alto nivel: Elaboración de escritos y defensa oral de casos comerciales complejos bajo los mismos estándares exigidos a abogados y árbitros en el ámbito internacional.
• Red de contactos (networking): Oportunidad directa de interactuar con destacados juristas, árbitros y firmas internacionales de primer nivel.
• Desarrollo integral: Fortalecimiento del trabajo en equipo, pensamiento estratégico y liderazgo.

Estructura y roles del equipo

Se seleccionará una delegación de entre cinco (5) y siete (7) estudiantes. La asignación específica de roles será definida por el equipo de coaches durante la etapa de preparación e incluirá:

• Cuatro (4) oradores/as: Responsables de la elaboración de escritos y de la defensa oral del caso tanto en las rondas previas (pre-moots) como en la fase final en Viena.
• Hasta tres (3) investigadores/as: Encargados de respaldar la investigación jurídica, aportar a la construcción de la estrategia legal y elaborar materiales clave de trabajo.

Todos los miembros participarán activamente en el análisis del caso, la redacción de los memoriales y los entrenamientos grupales.

Requisitos de postulación

Para postular, debes cumplir con las siguientes condiciones:

1. Estatus académico: Cursar los últimos ciclos de la carrera (V, VI, VII u VIII) o haber egresado en el periodo 2026-1 (con condición de bachiller).
2. Dominio de idioma: Nivel de inglés avanzado (tanto escrito como hablado).
3. Cursos obligatorios aprobados:
   • Teoría del Conflicto y Mecanismos de Solución
   • Instituciones del Derecho Privado II
4. Competencias clave: Sólidas habilidades de investigación jurídica, redacción y/o litigación oral, además de un alto sentido de responsabilidad, compromiso y trabajo en equipo.
5. Perfil recomendado (valorado positivamente):
   • Buen rendimiento académico en Contratos, Obligaciones, Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado.
   • Cursar o haber aprobado el electivo de Arbitraje Comercial y de Inversiones u otras materias afines (Derecho Comercial, Contratación Privada, Compraventa Internacional o Solución de Controversias).
6. Disponibilidad de tiempo:
   • Fase de preparación (octubre de 2026 – marzo de 2027): Compromiso para elaborar escritos, asistir a sesiones virtuales y presenciales de entrenamiento (cuya frecuencia se incrementará progresivamente) y revisar el material asignado.
   • Rondas internacionales (marzo de 2027): Disponibilidad para viajar a Viena en las fechas oficiales de la competencia.
7. Solvencia económica: Capacidad para asumir de manera personal los costos derivados de la participación y viaje. Nota: En el caso exclusivo de los investigadores, no es obligatorio el viaje a las rondas orales.

Documentación requerida

Envía los siguientes documentos en un solo mensaje:

• Curriculum Vitae
• Consolidado curricular (descargado desde el Campus Virtual)
• Horario de clases y/o prácticas

Cronograma del proceso de selección

• Cierre de postulaciones: Martes 20 de octubre de 2026 (hasta las 23:59 h).
• Entrevistas personales: Del 24 de octubre al 8 de noviembre de 2026 (modalidad virtual, duración de 10 minutos por candidato).

Envío de candidaturas y contacto

Remite tu postulación dentro del plazo establecido a los correos institucionales de los coordinadores y coaches:

• Freddy Oscar Escobar Rozas: fescoba@pucp.edu.pe
• Lucía Olavarría Salinas: olavarrialucia@gmail.com lolavarria@pucp.edu.pe

¡Aprovecha esta oportunidad para potenciar tu perfil profesional y representar a la PUCP en el escenario jurídico internacional!

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