El dossier especial número 20 de esta revista, dedicado íntegramente a la justicia climática y ambiental en América Latina y el Caribe, acoge tres investigaciones de integrantes de la CJA-PUCP, las cuales fueron seleccionadas mediante una rigurosa evaluación por pares a doble ciego.

Justicia climática y ambiental: el aporte académico de la CJA-PUCP

Las tres contribuciones, de distinto alcance pero complementarias entre sí, abordan dimensiones fundamentales del derecho ambiental contemporáneo y reflejan la diversidad, el compromiso y la profundidad del trabajo académico que se desarrolla dentro de nuestra clínica jurídica.

A continuación, te contamos de qué trata cada una de estas destacadas investigaciones:

1. El Acuerdo de Escazú y el rol estratégico de las clínicas ambientales

El dossier se abre con el trabajo de Andrea Domínguez y Luis Alejandro Pebe, quienes examinan el rol estratégico de estos espacios universitarios en la implementación del Acuerdo de Escazú. En su artículo, analizan cómo se contribuye al fortalecimiento del acceso a la justicia y a la protección de los defensores de derechos ambientales, tomando como base la opinión consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH):

Construir un Estado de Derecho Ambiental desde las universidades no es una aspiración abstracta, es lo que las clínicas jurídicas ambientales vienen haciendo en América Latina. Este artículo documenta esa trayectoria, desde la participación de la Alianza en la audiencia pública de Manaos ante la Corte IDH hasta el reconocimiento expreso de testimonios estudiantiles en la OC-32/25, para demostrar que estas clínicas son aliadas indispensables en la implementación del Acuerdo de Escazú y en la protección de personas defensoras ambientales en la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el ambiente. No se trata solo de formación jurídica sino de generar impacto real en poblaciones en situación de vulnerabilidad y en el desarrollo del derecho climático interamericano.

2. Innovación en la enseñanza del derecho: la metodología del learning by doing

En continuidad con la reflexión sobre el quehacer clínico, María Nilda Palacios y Freddy Rivera proponen una reconfiguración del paradigma de la enseñanza del derecho ambiental a partir de la experiencia de la PUCP. Los autores evidencian cómo la metodología clínica articula la formación teórica con la intervención directa en casos reales de alta relevancia ambiental:

A partir de nuestra experiencia en la Clínica Jurídica Ambiental de la PUCP, este artículo reflexiona sobre la metodología clínica como un modelo innovador y necesario para la enseñanza del derecho ambiental, en respuesta a los desafíos actuales de la gobernanza ambiental. Esta metodología, basada en el learning by doing, no solo fortalece competencias y habilidades en las y los estudiantes, sino que también genera impactos concretos a través del trabajo en casos reales. Es importante fortalecer y expandir estos espacios clínicos, por su potencial para promover una formación legal más práctica, crítica y comprometida con la defensa del ambiente.

3. Ética, vulnerabilidad y acceso efectivo a la justicia ambiental

Cerrando el bloque de contribuciones de la CJA-PUCP, Shirley Bautista Atanacio y Florangel Camargo profundizan en los límites éticos y las tensiones procesales que enfrenta la práctica clínica en contextos de vulnerabilidad. En su investigación, destacan el papel crucial de la clínica para formar futuros operadores jurídicos comprometidos con la reducción de brechas sociales:

Ser parte de la Clínica Jurídica Ambiental de la PUCP nos permitió comprender el derecho ambiental desde una perspectiva más humana, ética y cercana a las problemáticas reales. La publicación de nuestra investigación en Jurídica Ibero representa no solo un reconocimiento al trabajo desarrollado desde la clínica, sino también al compromiso de impulsar una formación jurídica orientada a fortalecer el acceso a la justicia ambiental en contextos de vulnerabilidad. Asimismo, la aplicación del método clínico en casos reales evidencia la necesidad de desarrollar herramientas y estrategias jurídicas que contribuyan a garantizar un acceso efectivo a la justicia ambiental.

Un referente en el derecho ambiental latinoamericano

La publicación de estos tres artículos en una plataforma del nivel de Jurídica Ibero reafirma el compromiso de la CJA-PUCP con la producción de conocimiento jurídico situado, riguroso y socialmente relevante. De este modo, nuestra clínica se consolida como un auténtico referente académico e institucional en el campo del derecho ambiental a nivel latinoamericano.

¡Lee los artículos completos!

Si te interesa el derecho ambiental, la práctica clínica o la defensa del entorno natural, te invitamos a revisar y descargar de forma gratuita estas investigaciones en el siguiente enlace oficial:

• Dossier Especial N.º 20 – Revista Jurídica Ibero

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La entrada La Clínica Jurídica Ambiental destaca en una de las revistas de derecho más importantes de América Latina se publicó primero en Facultad de Derecho.

Este importante evento fue coorganizado por el Área de Derecho Constitucional de la PUCP y la asociación Perspectiva Constitucional, un espacio integrado con orgullo por estudiantes y egresados/as de nuestra casa de estudios.

¿Hacia dónde va nuestro sistema electoral? Tensiones y reformas necesarias

El encuentro se convirtió en un espacio clave para analizar las actuales deficiencias y límites del sistema electoral peruano, un tema de debate urgente tras los cuestionamientos formulados durante la reciente primera vuelta electoral de este año.

Este espacio de reflexión y debate académico tuvo como propósito fundamental explorar y proponer futuras reformas al sistema electoral. El fin es claro y necesario: consolidar la legitimidad democrática y constitucional de los procesos electorales.

Comunidad académica en acción: docentes y universidades aliadas

El evento académico no solo conectó a nuestra comunidad jurídica, sino que propició un diálogo interuniversitario de alto nivel. La jornada contó con la destacada participación de los profesores de nuestra Facultad:

• David Lovatón
• Julia Romero
• Juan Carlos Díaz

Asimismo, nos acompañaron delegaciones y asociaciones de Derecho Constitucional de destacadas universidades aliadas de todo el país, entre las que destacaron:

• Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
• Universidad de San Martín de Porres (USMP)
• Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ)
• Universidad de Antonio Ruiz de Montoya (UARM)
• Universidad Nacional de Trujillo (UNT)

Con iniciativas como esta, la Facultad reafirma su compromiso de brindar a sus estudiantes de pregrado espacios interactivos y críticos donde debatir los temas jurídicos que definen el rumbo del país.

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La entrada Primer Encuentro de Asociaciones de Derecho Constitucional se publicó primero en Facultad de Derecho.

Esta actividad académica, que inicia el 26 de junio, estará a cargo de los profesores Héctor Campos García y Saulo Galicia Vidal, tendrá una duración de 24 horas y el bloque temático será el siguiente:

Bloque temático:

1. Introducción a la responsabilidad civil.
2. Determinación de la responsabilidad civil derivada de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.
3. Cuantificación de la indemnización contractual derivada de accidentes laborales.
4. Aspectos litigiosos de la responsabilidad civil por accidentes laborales.

Puede revisar toda la información detallada en el siguiente brochure:

Información general:

• Inicio: 26 de junio de 2026
• Fechas de las sesiones: martes y viernes del 26 de junio al 21 de julio de 2026
• Horario: 7:00 a 10:00 p. m.
• Duración: 24 horas
• Modalidad virtual sincrónica
• → Ir al sitio web del programa

Matricúlese con una tarifa especial como miembro de la Comunidad PUCP e impulse su perfil profesional en la Escuela de Derecho PUCP.

Para mayor información, puede comunicarse con el área de Formación Continua de la Escuela de Derecho PUCP al correo formacioncontinua.derecho@pucp.edu.pe o vía WhatsApp a través del siguiente enlace: https://wa.me/51984482272

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La excelencia académica y el talento para la argumentación jurídica de nuestra Facultad volvieron a brillar en el extranjero. Un equipo de destacados egresados logró el subcampeonato en la XVII edición de la Competición Internacional de Arbitraje y Derecho Mercantil – MOOT Madrid, uno de los torneos universitarios más importantes del mundo hispanohablante en esta materia.

El evento, organizado por la Universidad Carlos III de Madrid y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL), reúne anualmente a futuras promesas del derecho para resolver complejos casos de comercio global a través del arbitraje.

Los representantes de nuestra casa de estudios

La delegación que dejó en alto el nombre de nuestra institución estuvo conformada por los egresados Miguel Garcés Gutiérrez, Danae Ramos Granados, Arantxa Silvana Mendoza Altuna, Alonso Fuentes García, Ana Lucía García Benites y Daniela Coronado Carranza.

Durante las intensas rondas de la competencia, todos los integrantes del equipo asumieron el rol de oradores, demostrando una sólida preparación, solvencia académica y una gran capacidad de respuesta ante los rigurosos tribunales arbitrales.

El desafío: un caso de alta complejidad contractual

El reto de este año no fue sencillo. El caso simuló un arbitraje internacional entre una empresa privada y una organización internacional, desarrollado bajo el Reglamento de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). La temática central giró en torno a una compraventa internacional de vacunas en un contexto de crisis sanitaria.

Nuestros representantes tuvieron que debatir sobre tópicos jurídicos de vanguardia, tales como:

• Arbitraje deslocalizado
• Autoridad nominadora
• Interpretación contractual
• Convención de Viena sobre Compraventa de Mercancías y los Principios UNIDROIT
• Aplicación de Incoterms

Esfuerzo, aprendizaje y mentoría

Este subcampeonato es el resultado de una preparación constante que no habría sido posible sin la resiliencia del equipo y la guía de sus entrenadores.

El Moot Madrid fue una experiencia muy gratificante que reflejó meses de preparación, investigación y aprendizaje constante. Cada audiencia nos permitió poner en práctica nuestras habilidades de litigación, fortaleciendo nuestra formación académica y profesional. Los resultados no solo representan el esfuerzo y compromiso del equipo, sino también el acompañamiento de nuestros entrenadores. Más allá del reconocimiento obtenido, nos llevamos la satisfacción de haber crecido juntos y aprendido en cada etapa de la competencia.

En la voz de los protagonistas: estrategia, retos y consejos

Detrás de este gran resultado hay meses de rigurosa investigación, constancia y trabajo en equipo. Para conocer más sobre los entretelones de esta preparación y las claves de su éxito en las rondas internacionales, conversamos con Alonso Fuentes y Danae Ramos, miembros del equipo, en la siguiente entrevista.

Acompáñanos a descubrir cuál fue el diferencial estratégico que los llevó a la final, cómo afrontaron los desafíos técnicos más complejos del caso, los aprendizajes que se llevan para su vida profesional y sus mejores consejos para aquellos estudiantes de pregrado que sueñan con participar en un moot.

Desde la Facultad de Derecho, extendemos nuestras más cálidas felicitaciones a cada uno de los miembros del equipo y a sus coaches por este extraordinario logro. Este triunfo no solo consolida su perfil profesional en el ámbito del derecho internacional, sino que sirve de inspiración para toda nuestra comunidad estudiantil.

¡Felicitaciones por este gran logro!

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La entrada Equipo Derecho PUCP se consagra subcampeón en el MOOT Madrid 2026 se publicó primero en Facultad de Derecho.

Por: Yanira Obregón, voluntaria del Consultorio Jurídico de Violencia de Género de la Oficina Académica de Responsabilidad Social.

El delito de feminicidio en el Perú y el artículo 108-B del Código Penal

El feminicidio constituye una de las manifestaciones más graves de la violencia contra las mujeres. En el Perú, este delito se encuentra regulado en el artículo 108-B del Código Penal y sanciona la muerte de una mujer «por su condición de tal»cuando esta ocurre en determinados contextos, tales como la violencia familiar; coacción, hostigamiento o acoso sexual; abuso de poder, confianza o autoridad; o, en general, cualquier forma de discriminación contra la mujer (Díaz y otros, 2019, p. 15).

La incorporación de esta figura al ordenamiento jurídico peruano no respondió a una decisión arbitraria ni a una diferenciación injustificada entre hombres y mujeres^[1]. Por el contrario, surgió como respuesta frente a una realidad que, durante años, permaneció invisibilizada: las muertes violentas de mujeres que eran explicadas como «crímenes pasionales», conflictos sentimentales o reacciones motivadas por celos, dejando de lado las relaciones de poder, control y discriminación presentes detrás de estos hechos (Pérez, 2018, pp. 167-168).

En ese sentido, este delito autónomo no sanciona la muerte de cualquier mujer, sino aquellas muertes que constituyen la manifestación más extrema de la violencia y discriminación ejercida contra las mujeres, basada en el quebrantamiento de estereotipos de género^[2]. Por ello, este tipo penal no tutela únicamente la vida humana independiente, sino que también protege otro bien jurídico: la igualdad material^[3][4].

El Proyecto de Ley N.º 10342/2024-CR y la propuesta de «asesinato de pareja»

En este contexto, congresistas de la bancada Renovación Popular, por iniciativa de la congresista Milagros Jáuregui, presentaron el Proyecto de Ley N.º 10342/2024-CR, mediante el cual se propone eliminar el delito de feminicidio y reemplazarlo por el de «asesinato de pareja». La propuesta sostiene que esta modificación permitiría adecuar el artículo 108-B del Código Penal al principio constitucional de igualdad ante la ley, evitando diferencias en el tratamiento penal según el sexo de la víctima.

En esa línea, el Proyecto plantea que las penas y contextos actualmente previstos para el feminicidio sean aplicables tanto a hombres como a mujeres, bajo el argumento de que la gravedad del delito debe determinarse por el hecho cometido y no por las características de la víctima. Así, la exposición de motivos señala que sancionar de forma diferenciada la muerte de mujeres implicaría asumir, de manera implícita, que estas tendrían un mayor valor jurídico que los hombres (Congreso de la República, 2025).

¿Qué implica la frase «por su condición de tal» en la violencia de género?

No obstante, este razonamiento resulta discutible, pues parte de una comprensión reducida del delito de feminicidio. La Ley N.º 30364, «Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar», reconoce expresamente que la violencia contra las mujeres tiene origen en relaciones desiguales de poder, patrones socioculturales discriminatorios y contextos históricos de subordinación (Rivas, 2024, p. 225).

Por consiguiente, cuando el artículo 108-B hace referencia a la muerte de una mujer «por su condición de tal»^[5], no alude al sexo biológico de la víctima, sino al contexto de violencia basada en género que antecede al hecho. Por ello, sostener —como lo sugiere el Proyecto— que este elemento resulta imposible o excesivamente difícil de determinar desconoce que el propio ordenamiento jurídico ya ha desarrollado su contenido.

De hecho, el artículo 108-B establece expresamente los contextos en los que puede configurarse el feminicidio, tales como violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder y cualquier forma de discriminación contra la mujer. En consecuencia, la determinación del delito no depende únicamente de una intención subjetiva del agresor, sino del análisis de las circunstancias y dinámicas de violencia que rodean el hecho.

Feminicidio frente a homicidio general: lo que revelan las estadísticas en el Perú

Bajo esa perspectiva, resulta importante observar qué muestran los datos. Entre 2015 y 2024, el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, registró 1,345 feminicidios en el país. Del mismo modo, entre 2023 y 2024 se evidenció un incremento interanual del 5,5% en los casos registrados, lo que demuestra que esta forma de violencia persiste pese a la existencia de normas orientadas a sancionarla y prevenirla (MIMP, 2026).

En efecto, estas cifras muestran que no estamos frente a hechos aislados, pues detrás de muchos casos aparecen patrones reiterados vinculados al control, la posesión, la violencia familiar, la negativa de la víctima a continuar una relación, el rechazo frente al agresor o el castigo por ejercer autonomía. Precisamente por ello, el feminicidio busca visibilizar una forma específica de violencia con móviles y contextos diferenciados.

El Proyecto utiliza estadísticas generales de homicidios para señalar que mueren más hombres que mujeres y, a partir de ello, cuestiona la necesidad de mantener esta figura penal. Sin embargo, este razonamiento invisibiliza una diferencia fundamental, ya que no toda muerte violenta responde a las mismas causas ni ocurre bajo las mismas condiciones sociales. Frente a ello, la propuesta genera más interrogantes que respuestas:

• ¿Realmente el delito de feminicidio vulnera el principio de igualdad ante la ley?
• ¿El feminicidio sanciona la muerte de cualquier mujer o únicamente aquellas muertes que constituyen manifestaciones extremas de violencia basada en género?
• ¿Resulta correcto reducir esta figura al ámbito exclusivo de la pareja?
• ¿O esta iniciativa termina invisibilizando la violencia estructural que precisamente el delito de feminicidio busca reconocer y sancionar?

Mientras el homicidio puede obedecer a múltiples factores, el feminicidio identifica asesinatos vinculados específicamente a violencia de género. Por lo tanto, la discusión no debería centrarse únicamente en cuántas personas mueren, sino en por qué mueren y bajo qué relaciones de poder ocurre esa violencia. Así, reducir el análisis a cifras generales de homicidios corre el riesgo de invisibilizar una problemática estructural que precisamente el feminicidio busca reconocer: la violencia contra las mujeres por razones de género (Vásquez-Portomeñe, 2020, p. 234).

Sujeto activo del delito: ¿las mujeres también pueden cometer feminicidio?

A ello se suma que el Proyecto parece partir de la idea de que el feminicidio supone necesariamente que un hombre mata a una mujer. Empero, esta lectura simplifica el alcance de la figura penal. Particularmente, el Tribunal Constitucional, en el Expediente N.º 03378-2019-PA/TC, reconoce que la violencia basada en género incluye como perpetradores no solo a los hombres, sino que también mujeres pueden cometer feminicidio^[6]. En otras palabras, la configuración del feminicidio no depende exclusivamente del sexo del agresor, sino de la motivación basada en género y del contexto de violencia presente en el hecho.

Los riesgos de limitar la figura penal al ámbito de la pareja

Asimismo, la propuesta de reemplazar el feminicidio por el delito de «asesinato de pareja» reduce significativamente el alcance actual de esta figura penal. Ello debido a que el feminicidio no ocurre únicamente dentro de relaciones sentimentales o convivenciales. Existen casos vinculados con acoso sexual, hostigamiento sexual laboral, abuso de autoridad, explotación sexual y otras manifestaciones de violencia basada en género, incluso cuando no existe relación afectiva entre la víctima y el agresor^[7]. Por ello, limitar esta figura al ámbito de la pareja implicaría excluir diversas formas de violencia feminicida actualmente reconocidas por el propio artículo 108-B del Código Penal.

Autonomía penal: ¿existe una duplicidad entre el homicidio y el feminicidio?

Finalmente, el Proyecto sostiene que existiría una «duplicidad» entre el homicidio y el feminicidio. Sin embargo, ambas figuras responden a realidades distintas y protegen bienes jurídicos diferenciados. Mientras el homicidio tutela la vida humana independiente en sentido general, el feminicidio incorpora además la protección de la igualdad material y del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación (Acuerdo Plenario N.º 01-2016-CJ, F.J. 37; Díaz y otros, 2019, pp. 62-63). Por esta razón, el feminicidio no constituye una simple agravante del homicidio ni una repetición innecesaria. Se trata de una figura autónoma que reconoce que determinadas muertes de mujeres ocurren en contextos estructurales de desigualdad y violencia de género.

Obligaciones internacionales del Estado peruano y el riesgo de la igualdad formal

En ese extremo, el Proyecto de Ley N.º 10342/2024-CR no solo propone modificar una figura penal, sino también replantear la forma en que el Estado reconoce y enfrenta la violencia de género, lo que podría evidenciar tensiones respecto del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Perú en materia de protección de los derechos de las mujeres. En esa línea, la Corte IDH, a partir del caso Campo Algodonero, reconoció que la violencia contra las mujeres no puede entenderse como un conjunto de conflictos interpersonales, sino como manifestaciones de discriminación estructural que imponen a los Estados deberes reforzados de prevención, investigación, sanción y reparación (Corte IDH, 2009, párrafo 134).

Bajo el discurso de la igualdad formal, la propuesta corre el riesgo de desconocer el carácter estructural de esta violencia y limitar el reconocimiento jurídico de una problemática específica que afecta a las mujeres por razones de género. Lejos de fortalecer el principio de igualdad, esta iniciativa podría terminar invisibilizando precisamente aquello que el delito de feminicidio busca nombrar, visibilizar y sancionar: la expresión más extrema de la violencia de género contra las mujeres.

Referencias bibliográficas:

Castillo, I., Rodríguez, J. y Valega, C. (2019). Feminicidio. Interpretación de un delito de violencia basada en género. Pontificia Universidad Católica del Perú.  https://repositorio.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/eaf811df-e8f3-4386-b1f0-d52688ca3353/content 

Congreso de la República del Perú. (2025). Proyecto de Ley N.º 10342/2024-CR. Ley que modifica el artículo 108-B del Código Penal adecuándolo al principio de igualdad ante la ley [Proyecto de ley]. https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/02/PL-10342-LP-derecho.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Corte IDH). (2009). Caso Gonzáles y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf

Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. (2017). X Pleno Jurisdiccional de las Salas Permanente y Transitorias (Acuerdo Plenario No 001-2016/ CJ-116). https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/AP-1-2016-CJ-116-LPDerecho.pdf

Diario Oficial El Peruano. (2025, 24 de diciembre). Ley N.º 32535. Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2471571-3

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2026, 31 de marzo). Feminicidio en el Perú – 2026. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9716499/7947161-feminicidio-en-el-peru-2026.pdf?v=1774964451

Pérez Manzano, M. (2018). La caracterización del feminicidio de la pareja o expareja y los delitos de odio discriminatorio. Derecho PUCP, (81), pp. 163-196. http://www.scielo.org.pe/pdf/derecho/n81/a06n81.pdf

Rivas, S. (2024). El delito de feminicidio: la violencia contra la mujer por razones de género. Revista Llapanchikpaq: Justicia, 6(9), pp. 199-229. https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/lj/article/view/1044/1451

Vázquez-Portomeñe, F. (2020). Sobre la tipificación del feminicidio en España. Algunas consideraciones críticas. Revista de Derecho Penal y Criminología, (20), pp. 207–247. https://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/26449/20940

^[1] Incorporación del delito de feminicidio en el Código Penal peruano el 18 de julio de 2013, a través de la Ley N° 30068. Visto en: https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/08/LEY-30068-LPDerecho_.pdf

^[2] Tal como señalan Díaz, Rodríguez y Valega (2019), “[l]os estereotipos de género son las visiones generalizadas o preconcepciones sobre los atributos, características y roles que deben cumplir las mujeres y los varones de forma respectiva para ser considerados como apropiados en cada sociedad” (p. 19).

^[3]El MIMP sostiene que este bien jurídico protegido comprende el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos, particularmente el derecho de las mujeres a desarrollarse en entornos libres de violencia y discriminación, orientado además a erradicar los estereotipos de género que perpetúan escenarios de desigualdad y discriminación estructural contra las mujeres (2012, p. 18).

^[4] 7.2 […] Es un delito pluriofensivo pues protege, de forma general, los bienes igualdad –material- y vida: igualdad porque –ampliando la interpretación establecida en el Acuerdo Plenario N.º 001-2016/CJ-116- busca combatir los actos de discriminación estructural que sufren las mujeres y pretende los estereotipos de género que son resultado de nociones que constituyen un obstáculo para el pleno goce de los derechos y libertades de las mujeres en igualdad en condiciones. Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, Casación N° 851-2018. Visto en:  https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/Casacion-851-2018-Puno-LPDerecho.pdf

^[5] Cabe señalar que el artículo 4 inciso 3 del Reglamento de la Ley N° 30364, se entiende al elemento normativo “por su condición de tal” como “[…] una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertadas en pie de igualdad, a través de relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres. […]”.

^[6] El voto de la Magistrada Ledesma indica lo siguiente: “[…] Y es así porque de lo contrario se incurriría en una vulneración del principio de culpabilidad, en estricto, de la garantía de prohibición de derecho penal de autor’. Es decir, si se concluye que solo los hombres pueden ser autores del delito de feminicidio, se les estaría sancionando por el hecho cometido y por su condición de hombre. El tipo penal de feminicidio sanciona la muerte de mujeres por el incumplimiento de un estereotipo de género que se busca perpetuar, por lo que tal conducta delictiva es perfectamente posible que también sea realizada por mujeres”. Visto en: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/03378-2019-AA.pdf

^[7] Octavo. El delito de feminicidio “[…] es un delito pluriofensivo, pues protege, de forma general, los bienes jurídicos igualdad –material- y vida; igualdad porque –ampliando la interpretación establecida en el Acuerdo Plenario 001-2016/CCJ-116- busca combatir los actos de discriminación estructural que sufren las mujeres y pretende proscribir los estereotipos de género […]”. Sala Penal Permanente. R.N. 453-2019-Lima Norte. 18 de octubre de 2019. Visto en:https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/07/R.-N.-453-2019-LP.pdf

La entrada Proyecto de Ley N.° 10342/2024-CR: el peligro de reemplazar el feminicidio por «asesinato de pareja» bajo el discurso de la «igualdad» se publicó primero en Facultad de Derecho.

Esta actividad académica, que inicia el 22 de junio, ha sido coordinada por el Dr. Edison Tabra Ochoa, tendrá una duración de 60 horas y la malla curricular comprende los siguientes módulos:

Bloque temático:

Puede revisar toda la información detallada en el siguiente brochure:

Información general:

• Inicio: 22 de junio de 2026
• Fechas de las sesiones: lunes y miércoles del 22 de junio al 24 de agosto de 2026
• Horario: 7 a 10 p.m.
• Duración: 60 horas
• Modalidad virtual sincrónica
• → Ir al sitio web del programa

Matricúlese con una tarifa especial como miembro de la Comunidad PUCP e impulse su perfil profesional en la Escuela de Derecho PUCP.

Para mayor información, puede comunicarse con el área de Formación Continua de la Escuela de Derecho PUCP al correo formacioncontinua.derecho@pucp.edu.pe o vía WhatsApp a través del siguiente enlace: https://wa.me/51984482272

La entrada Beneficio especial para la Comunidad PUCP en el Programa de Especialización en Arbitraje Corporativo se publicó primero en Facultad de Derecho.

Katherin es abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y especialista en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la PUCP. Asimismo, cuenta con maestrías en Desarrollo Sostenible y Regulaciones Ambientales por la Universidad de Newcastle, y en Ambiente Global, Política y Sociedad por la Universidad de Edimburgo.

Para la suscripción de convenios de prácticas preprofesionales, los datos que deberán consignarse en los documentos son los siguientes:

• Razón social: Pontificia Universidad Católica del Perú
• RUC: 20155945860
• Domicilio: Av. Universitaria N.° 1801, San Miguel
• Representante que suscribe el convenio: Mg. Katherin Grines Delgado Añamuro
• Cargo: Especialista de Modalidades Formativas
• DNI: 44383856

Sobre su incorporación, el profesor Paul Villegas destacó:

«La incorporación de Katherin al equipo de nuestra Facultad contribuirá significativamente al desarrollo de las actividades de la Oficina de Prácticas Preprofesionales y SECIGRA Derecho».

La entrada ¡Conoce a Katherin Delgado, nuestra nueva especialista de Modalidades Formativas y supervisora del programa Secigra Derecho! se publicó primero en Facultad de Derecho.

El curso titulado “Una aproximación al Sistema Jurídico chileno” ofrece una visión integral de distintas áreas del Derecho, tales como derecho penal, procesal, protección al consumidor, justicia ambiental, compliance, entre otras. Las sesiones académicas se complementan con visitas a importantes instituciones jurídicas del país anfitrión, realizadas por las tardes.

Puedes revisar el contenido del curso impartido en el 2025, el cual será muy similar al de esta edición:

Este curso otorga la posibilidad de obtener dos (2) créditos extracurriculares, siempre que se cumpla con la asistencia completa y la elaboración de un ensayo final. Solo podrán solicitar el reconocimiento quienes obtengan una nota aprobatoria^[1].

Para participar, solo se debes cumplir con los siguientes requisitos:

• Haber aprobado los cursos de segundo año de la carrera de Derecho, es decir, estar concluyendo el 3er ciclo o más de Facultad.
• Exponer motivación y compromiso con el programa a través de un vídeo corto (Máx. 1 minuto y medio) en el que se responda a la pregunta «¿Por qué deseas participar de la escuela de invierno en UDP 2026?»
• Comprometerse a participar con responsabilidad, puntualidad y una conducta adecuada durante todo el programa.

La OAI incentiva a nuestros y nuestras estudiantes a postular considerando una inversión que cubra el alojamiento, boletos de avión, seguro médico internacional y alimentación.

El programa brindará servicio de transporte desde un punto fijo en Providencia hasta las instalaciones de la universidad.

Si cumples con todos los requisitos y aceptas las condiciones del programa, puedes postular a uno de los cupos a través del ingreso de los documentos solicitados en el siguiente formulario:

• Captura de pantalla que muestra  el Promedio Ponderado Estandarizado para curso de la Facultad (PPNE) y nivel según créditos
• CV descriptivo
• Video expresando motivación
• Consolidado curricular

La selección se desarrollará en dos etapas. En primer lugar, se evaluarán los documentos presentados. Si se considera necesario, se convocará a entrevistas presenciales entre el 8 y el 12 de junio. Les pedimos tomar las precauciones del caso para estar disponibles en esas fechas. Los resultados finales se comunicarán posteriormente.

Para cualquier consulta, pueden escribir al correo: internacionalizacion-derecho@pucp.edu.pe

Conoce más sobre la experiencia de nuestros(as) estudiantes en la edición 2025 aquí

¡No dejes pasar esta oportunidad, la fecha límite para postular es el domingo 31 de mayo del 2026!

^[1] El trámite de reconocimiento se realiza conforme al art. 47 del Reglamento de la Facultad. Mayor información aquí: 2.04.24.actividades-extracurriculares.pdf

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Lo que comenzó como una propuesta estratégica a finales del año pasado, hoy es una realidad tangible. En mayo de 2026, cuatro estudiantes de la Facultad de Derecho de la PUCP se encuentran en plena ejecución de sus proyectos ganadores del Desafío Pro Bono, el concurso nacional más importante de responsabilidad social legal, organizado por la Alianza Pro Bono.

Con el respaldo de la Alianza Pro Bono y el asesoramiento de los 20 estudios de abogados líderes del país, nuestras alumnas están transformando la forma en que se accede a la información jurídica en el Perú, atacando directamente las brechas de justicia con herramientas modernas y accesibles.

JustaMente: Rompiendo barreras para la neurodivergencia

El proyecto “JustaMente: Podcast jurídico accesible”, liderado por las alumnas Victoria Ángeles Acuña, Daniela Beisaga Aldazábal y Sara García Venero, ya cuenta con episodios disponibles que marcan un hito en la comunicación legal inclusiva.

Esta iniciativa brinda orientación legal práctica a personas con discapacidad intelectual, mental y neurodivergencia. Su enfoque en el lenguaje sencillo y episodios temáticos busca que tanto los usuarios como sus familias comprendan sus derechos sin las barreras del tecnicismo jurídico tradicional.

• Escúchalo en Spotify: JustaMente Podcast
• Síguelas en Instagram: @justamentepod

Guía Legal en un clic: Soluciones rápidas para problemas comunes

Por su parte, la alumna Adriana Jiménez Quispe avanza con éxito en la ejecución de “Conoce qué hacer: Guía Legal en un clic”. Este proyecto responde a la necesidad de inmediatez y claridad en la era digital mediante una serie de videos breves de orientación legal.

La propuesta de Adriana explica de manera didáctica los procedimientos, requisitos y vías legales disponibles frente a problemas legales cotidianos. El objetivo es que cualquier ciudadano, con solo un «clic», pueda tener una hoja de ruta clara sobre cómo actuar legalmente ante diversas situaciones, combatiendo así la desinformación jurídica.

Entrevista: Del aula a la ejecución social

Acompañando esta nota, presentamos una entrevista exclusiva con las cuatro protagonistas. En este diálogo, las estudiantes nos cuentan más detalles de sus proyectos, sus motivaciones y la satisfacción de ver sus ideas generar un impacto real en la comunidad.

«Una motivación muy grande es que podamos tener un impacto real en la vida de las personas» Daniela Beisaga Aldazábal

Sobre el Desafío Pro Bono

Nacido en el Perú hace 15 años y hoy extendido globalmente, este concurso invita a estudiantes de Derecho a que identifiquen, analicen y propongan un proyecto jurídico de su elección. Los ganadores de la edición 2025, como nuestras alumnas, ejecutan sus proyectos durante todo el 2026 con apoyo institucional y profesional.

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La decana integró el panel “Fortalecimiento de las instituciones y la democracia: Crisis política, fortalecimiento institucional y el camino hacia las elecciones 2026”. El evento fue un espacio de debate que reunió a destacados académicos, representantes del Banco Mundial y miembros de la sociedad civil.

Con esta participación, nuestra Facultad reafirma su presencia en importantes espacios de diálogo internacional sobre la realidad nacional.

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