Solidaridad con Venezuela: organización y derecho social en la situación de emergencia tras los terremotos

El doble terremoto que ha sufrido el pueblo de Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, y la situación de desastre que devino nos devela una cruda realidad de vulnerabilidad del país, y de otros países latinoamericanos como el Perú. El desastre es alarmante: más de 1700 muertos, al menos 5038 heridos y más de 68 000 desaparecidos reportados al 28 y 29 de junio del 2026 (ver noticias en redes, citando informe de Naciones Unidas). Frente a ello, nuestra solidaridad, así como la ayuda internacional y local, y la fortaleza de una organización y derecho social son urgentes.

Los terremotos tuvieron como epicentro dos localidades situadas a 200 kilómetros aproximadamente de la capital del país, Caracas, con una magnitud de momento de 7.2 y 7.5, y ocurrieron con 39 segundos de diferencia. Su efecto fue catastrófico en la zona recreacional de playa denominada La Guaira, a 27 kilómetros de Caracas, mientras que en esta ciudad capital el desastre fue menor pero igualmente muy grave.

Las noticias reportan más de 300 edificios caídos en forma de «panqueque» o por inclinación, lo que ha producido la cifra enorme de desaparecidos. Edificios de 20 pisos o más se desplomaron por las ondas expansivas del terremoto, según las imágenes que se difunden por internet. Las viviendas privadas o precarias igualmente se afectaron. La NASA calcula en 58 870 los edificios dañados o destruidos, según imágenes satelitales difundidas también por internet. En conjunto se calcula que, de una población total de 10 millones del área de influencia de los terremotos, de 3.5 a 5 millones de personas se encuentran afectadas, donde los niños y los ancianos resultan los más vulnerables.

Si bien la solidaridad internacional ha hecho posible que al menos 25 países hayan enviado rescatistas para salvar la vida de las personas atrapadas por los escombros de los edificios o las viviendas caídas, la cifra de salvataje es mínima. La falta de maquinaria, de un lado, dada la magnitud del desastre en una zona muy poblada, y la crisis económica del país, de otro lado, llevan a estos resultados. Lo triste es que, habiendo transcurrido más de 72 horas del desastre, es difícil rescatar personas vivas. Según la propia información de rescatistas, «ahora están trabajando en la recuperación de cuerpos» (entrevistas en internet). Todo ello para evitar la propagación de enfermedades por las personas fallecidas, cuyos cuerpos entran en descomposición.

En estas circunstancias, no es difícil deducir dos situaciones complejas que puede presentar la zona de desastre de Venezuela, siguiendo una experiencia previa como fue el terremoto de Pisco, Ica, Perú, ocurrido el 15 de agosto de 2007. Con esta experiencia, frente a esas dos situaciones complejas nos animamos a sugerir también dos acciones concretas.

Dos situaciones complejas iniciales tras los terremotos

Los efectos de los terremotos son complejos, dependiendo del lugar y la población en la que ocurran. Teniendo en cuenta el contexto latinoamericano, del cual Venezuela es parte, podemos identificar dos situaciones complejas en la etapa inmediata al terremoto.

De un lado, se reproduce una situación de caos en las zonas de desastre por las necesidades que sufren los afectados directos o damnificados. A la situación de muerte o desaparición de familiares, amigos o vecinos, se suma la necesidad de alimentos y, con esta, el descontrol de la distribución de ayuda y el propio descontrol de la población en la ciudad. El extremo será la multiplicación de saqueos en tiendas o viviendas no afectadas o parcialmente afectadas.

De otro lado, se presenta una situación de incertidumbre, estrés y depresión en la población, a partir del shock psicológico sufrido con el evento, y por las necesidades de alimentos y otras necesidades vitales como la vivienda que siguen a continuación. Aquí, lamentablemente suele ocurrir un error en manos de las autoridades locales, regionales y nacionales responsables de atender la emergencia: luchan por el poder y el clientelaje político (beneficiando a pequeños grupos), en lugar de luchar por superar la situación de emergencia de los damnificados. Entonces la situación de caos se multiplica geométricamente.

¿Qué hacer? Dos acciones sugeridas: el trabajo en dos frentes

Buscando superar las dos situaciones complejas de riesgo que ya se inician en Venezuela, según las noticias que se vienen propagando en las redes sociales, es urgente trabajar en dos frentes.

Un primer frente supone la organización social de la población damnificada. Esto significa trabajar coordinadamente con la población de un barrio, de una manzana o de una cuadra de personas damnificadas, organizándolos bajo una directiva inicial que promueva la participación del conjunto a través de asambleas permanentes. Esto, con el fin de distribuir coordinada y organizadamente los alimentos diarios y demás bienes y servicios que les correspondan (como las carpas, para atender sus necesidades de vivienda).

El segundo frente consiste en dotar a cada organización de su propio derecho social (el derecho del pueblo) para atender la emergencia. Esto supone dar facultades al conjunto de miembros de cada organización social para producir sus reglas, sanciones y procedimientos para hacer viable que ellos mismos atiendan situaciones de descontrol (como los saqueos, por ejemplo) y busquen evitar el abuso de una persona o un grupo de personas que afecte al colectivo. Tras los terremotos, el derecho del Estado está muerto. Es indispensable reconstruirlo desde la propia población.

Las autoridades venezolanas tienen la oportunidad de atender su situación de emergencia y hacer más grande su país. Comprender las dos situaciones complejas y promover los dos frentes de trabajo sugeridos en estos momentos son una muestra de acción que pueden realizar al lado de los damnificados. Es un momento crucial.

Antonio Peña Jumpa

Lima, 28 y 29 de junio de 2026.

Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado, magíster en CC. SS., y PhD. in Laws.