La reforma de la justicia en México: un caso más de erosión democrática en la región

Hace unos días se aprobó en México una barbaridad. Se aprobó una reforma constitucional que plantea, entre otras cosas, que todos los jueces de la República sean elegidos por voto popular[1].

Los que respaldan esta medida sostienen, básicamente, dos cosas: (i) que hay que respetar la voluntad del pueblo; y (ii) que la justicia en México se halla (como en muchos de nuestros países) en una situación de emergencia, que se necesitan cambios radicales, y que —esta es la versión cínica del argumento—, si ya nos ha ido pésimo con el modelo anterior, seguro con este no nos irá peor[2].

Ambos argumentos me parecen malos y reflejan un problema de fondo: la erosión de las instituciones democráticas desde adentro[3]; vale decir, la instrumentalización de las propias instituciones democráticas para herir, poco a poco, de muerte a la democracia.

Empiezo por el primer argumento. El que se haya aprobado una reforma constitucional con base en el procedimiento formal predeterminado no implica que se haya respetado, per se, la voluntad popular. Esta no se agota en el acto electoral[4]. De hecho, la democracia, en un sentido amplio, es todo lo que sucede después de ese momento. Además, hay información que acredita que hubo presiones indebidas para sacar adelante esta reforma[5].

Luego, el contexto que precedió a la aprobación de la reforma no fue, en absoluto, democrático. La etapa de reflexión y deliberación duró muy poco, o no hubo un debate serio sobre sus riesgos e implicancias[6]. Lo que hubo, en cambio, fue un discurso maniqueo según el cual esta medida iba a resolver, de una vez por todas, los problemas que enfrenta la justicia de ese país, los cuales, en buena cuenta, se deben (eso plantea la versión oficial) a la corrupción de los jueces y fiscales.

El segundo argumento es más problemático aún. Este sostiene que el sistema de administración de justicia ha fracasado. Y que, por lo tanto, un cambio radical como este, si bien puede enfrentar dificultades (conceden que estas pueden ser incluso muy graves), a la larga será mejor que lo que actualmente existe[7]. Este argumento es problemático, digo, por al menos tres razones:

1. Omite señalar que, en un escenario de elección popular de jueces, los que tendrán más opciones de ganar serán los candidatos que cuenten con el respaldo de los partidos. Dado que, actualmente, el partido hegemónico es el del gobierno[8], existen altas probabilidades de que una cantidad relevante de jueces (incluidos los jueces supremos) serán de (o tendrán vínculos con) ese partido. Darle al gobierno el control del poder judicial es, en los hechos, lo mismo que darle el control de todo el poder[9].

2. Evita llamar la atención, además, sobre un hecho palmario: si los jueces para acceder a sus cargos deben recibir el respaldo del pueblo, parece obvio que, para alcanzar ese objetivo, ofrecerán en campaña justo lo que el pueblo quiere escuchar. Y eso es, precisamente, lo que un juez (que se presume) imparcial no puede hacer. Si en un conflicto jurídico, el juez, que hace las veces de actor imparcial, se encuentra, de antemano, a favor de una de las partes, ¿de qué justicia hablamos?

3. Por último, este argumento omite destacar un hecho evidente: si el problema es la corrupción que anida en el sistema de administración de justicia, la solución no puede ser aniquilar el sistema. En el camino existen muchas alternativas intermedias. Entre ellas, por ejemplo, despolitizar la justicia, o conformar un órgano de control meritocrático, o crear un concurso nacional para el acceso a la judicatura con veeduría ciudadana, en fin, muchas otras opciones que pueden aliviar, en algo, el cáncer que representa la corrupción y falta de transparencia en el sistema. Pero no, esta reforma obvia esas medidas y, bajo el argumento de darle el poder al pueblo, en los hechos, genera un escenario en el que ese poder terminará en las manos del gobierno.

[1] https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5738985&fecha=15/09/2024#gsc.tab=0

[2] Así, por ejemplo: https://lasillarota.com/opinion/columnas/2024/9/16/si-la-reforma-judicial-en-mexico-501522.html; https://animalpolitico.com/politica/reforma-poder-judicial-ministros-corte; https://politica.expansion.mx/voces/2024/07/04/argumentos-tramposos-a-favor-de-la-reforma-judicial; https://www.milenio.com/opinion/viri-rios/no-es-normal/ante-la-reforma-judicial-urge-realismo.

[3] Sobre este tema se ha escrito mucho en los últimos años. Destaco, sobre todo, dos libros al respecto: GINSBURG, Tom y HUQ, Azis. How to save a constitutional democracy. Chicago, Chicago University Press, 2018; LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel. Tyranny of Minority. New York, Crown, 2024.

[4] Gargarella ha desarrollado este argumento de manera amplia para referirse, precisamente, a los problemas que presenta la reforma del sistema de justicia en México: «La democracia no es, ni merece ser limitada a, las elecciones periódicas: la democracia es, sobre todo, aquello que hacemos (o tratamos de hacer, o nos dejan hacer) entre elección y elección. Lamentablemente, sin embargo, tanto la derecha como la izquierda parecen interesadas en hacernos pensar que la democracia se reduce a las elecciones». Vid. https://panamarevista.com/el-sometimiento-de-la-justicia-en-mexico-rabia-pasoliniana/

[5] https://elpais.com/mexico/2024-09-10/la-oposicion-se-atrinchera-en-el-senado-ante-la-amenaza-de-que-un-transfuga-facilite-la-aprobacion-de-la-reforma-judicial.html

[6] https://www.ambitojuridico.com/noticias/internacional/constitucional-y-derechos-humanos/cinco-grandes-errores-de-la-reforma-la

[7] https://www.bbc.com/mundo/articles/cx28kzy4g8ko

[8] De hecho, la reforma se basa, formalmente, en ese presupuesto. Así, pues, de acuerdo al texto aprobado el pasado 11 de septiembre, los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, serán los que designen a los candidatos. Luego, estos serán electos por el pueblo de acuerdo a sus afinidades y preferencias políticas. Considerando que, actualmente, el gobierno posee mayoría en el Congreso, resulta evidente que, al menos, dos tercios de todos los candidatos que serán elegidos para la Corte Suprema (y las cortes de circuito) será, o tendrá relación, con Morena, el partido oficialista.

[9] Como señala Jorge Castañeda, «[p]ara todos fines prácticos, este nuevo esquema debilitará, en el mejor de los casos, la independencia del Poder Judicial. En el peor escenario, tal y como lo han vaticinado múltiples observadores, la suprimirá. La razón es sencilla y fácil de ilustrar a través del caso de la Suprema Corte. Los nueve nuevos ministros serán electos a partir de una lista de 30, con 10 candidatos propuestos por cada uno por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial saliente. El partido de gobierno en este momento, Morena, controla el Ejecutivo y el Legislativo con supermayorías; podrá contar al menos con cuatro de los once ministros salientes de la Corte. De tal suerte que casi la totalidad de los candidatos, entre los cuales serán electos los nueve ministros entrantes, responderán a Morena. De esa forma, el partido de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum controlará, al menos hasta 2027 —cuando hay elecciones legislativas de mitad de período— los tres poderes del Estado mexicano». Vid. https://cnnespanol.cnn.com/2024/09/17/opinion-reforma-judicial-mexico-orix

Abogado y magíster en Ciencia Política por la PUCP. Magíster en Global Rule of Law and Constitutional Democracy por la Universidad de Génova. Doctorando en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España). Profesor ordinario asociado de la Facultad de Derecho de la PUCP. Miembro del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales – GIDCYDEF de la PUCP. Correo: hcampos@pucp.pe.