No más héroes de salud pública: urge una reforma del SERUMS

Para dar cobertura a la necesidad de atención primaria en salud que tienen las poblaciones de mayor pobreza en el país, el Estado peruano dispuso, desde 1981, el desarrollo del programa SERUMS (Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud).

Este debe ser prestado por los profesionales de Ciencias de Salud (a menudo, recién egresados de las escuelas de medicina, enfermería, obstetricia, etc.) como un requisito obligatorio para poder trabajar en hospitales públicos o para acceder a la segunda especialización en el Estado (es decir, para entrar al residentado médico)[1]. El programa tiene una duración aproximada de un año, durante el cual el profesional debe cumplir con el servicio en el puesto o centro de salud escogido (a veces también designado).

Desde sus comienzos, las diferentes ediciones anuales del SERUMS han asignado un mayor puntaje —de cara a los concursos públicos de segunda especialización y de las plazas laborales en establecimientos de salud— a aquellos profesionales que elijan las zonas más vulnerables y desfavorecidas del Estado peruano, a menudo lugares de extrema pobreza ubicados en zonas muy alejadas, y en los cuales la presencia del Estado es prácticamente nula.

Los graves problemas que aquejan a estas zonas van desde la falta de servicios básicos (agua, luz, desagüe), acceso limitado a una alimentación adecuada, inseguridad ciudadana (no hay comisarías cercanas), hasta elevados riesgos de accidentes de tránsito por la precariedad de los medios de transporte (vehículos inseguros) y el mal estado de las carreteras, caminos o trochas de acceso.

Por si fuera poco, a todo ello se suman problemas vinculados con la carencia de insumos médicos, falta de implementos de atención básica, carga laboral excesiva, problemas de infraestructuras en los puestos de trabajo, falta de señal telefónica e internet, fallas de servicio elétrico, accidentes y enfermedades laborales, e incluso agresiones o denuncias por supuestas negligencias médicas por parte de los propios pobladores de la zona, entre muchos otros. Es un escenario absolutamente riesgoso y aterrador para un recién egresado de la universidad, y que, por supuesto, también padece y asume la población más necesitada y aislada del país.

Con fecha 5 de abril, se publicó la Resolución Ministerial 361-2023/MINSA, que aprueba la última edición del famoso programa y la guía técnica denominada “Metodología para determinar los grados de dificultad de los establecimientos de salud para realizar el SERUMS”.

A continuación, me limitaré a llamar la atención sobre dos cuestiones. Una destacable: por primera vez el Minsa ha identificado y evaluado con algún mayor grado de detalle los peligros y riesgos para los serumistas, especialmente los riesgos de viaje para aquellos que deben trasladarse a las zonas más remotas para desempeñar sus funciones. Por ejemplo, en cuanto a los riesgos de transporte, identifica hasta cuatro tipos de riesgos: riesgos de sinuosidad del camino, turbulencia de los ríos, abismos y condiciones meteorológicas (por cierto, las lluvias torrenciales en la costa norte del Perú durante todo el 2023 han agravado mucho más estos riesgos).

La otra es por decir lo menos, deplorable: Si el profesional de salud elige la zona donde concurren la mayor cantidad de riesgos de viaje, tendrá un mejor puntaje en comparación a si opta por otra localidad con menores riesgos. Sin mayores disimulos, el programa SERUMS ofrece un mayor o menor puntaje al profesional, según el mayor o menor grado de peligro para su vida e integridad que, además, debe ser decidido “voluntariamente” por el serumista.

No solo las entidades privadas son responsables de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores que pueden verse afectados cuando desempeñan las actividades relacionadas con la labor contratada. El Estado no puede mantenerse ajeno a tal obligación. Este deber, además en el caso que nos ocupa, implica, desde la nueva perspectiva de Travel Health, Safety & Security, gestionar también los riesgos de viaje y de traslado del personal de salud, un problema que no puede solventarse con la simple contratación de coberturas de seguro de trabajo de riesgo y contra accidentes (por no entrar en disquisiciones sobre quién realmente paga dichas coberturas o las propias deficiencias de estas).

El sistema de puntuación del programa SERUMS condiciona la libertad de elección de los profesionales de las Ciencias de Salud, pues los “incentiva” a elegir las zonas de mayores riesgos: a mayor asunción de riesgos, mayor puntaje para los futuros concursos; además, coarta la libertad de trabajo puesto que de no realizar el programa no podrán ocupar cargos en hospitales públicos ni ingresar a programas de segunda especialización (por ejemplo, en el caso de los médicos, no podrán hacer la especialidad en pediatría, ginecología, cardiología, cirugía general, etc.).

En definitiva, se trata de un programa estatal que impone condiciones atroces y abusivas para los serumistas y que el gremio de los profesionales de la salud ni la ciudadanía deben tolerar más[2].

A cuarenta y dos años del programa, la reforma del SERUMS (no la anulación) es urgente y los cambios deben establecer el carácter voluntario del programa, garantizar como mínimo condiciones laborales óptimas, incorporar mayores incentivos laborales y tantos otros. Que la medicina sea una carrera de servicio con el objetivo principal de salvar vidas no legitima al Estado peruano a imponer el cumplimiento de dicha función bajo propio riesgo (para la vida e integridad) del serumista. El año 2023 no puede ser uno donde un serumista más muera mientras intenta cumplir sus servicios médicos o llegar a sus puestos de salud.

La vida de los profesionales serumistas merece respeto.

In memoriam: Joan Pierre Briceño Trujillo y Cristina Alfaro Llamoca (24 y 25 años, 2008, accidente de tránsito, Ocros-Ayacucho); James Tello Vivanco (29 años, 2009, accidente de tránsito, Huancabamba-Piura); Mariela Ancco Mamani (28 años, 2012, incendio en el puesto de salud de Villa Kintiarina, Kimbiri-VRAE); Elvis Javier Cruz (28 años, 2017, accidente de tránsito, Chilata-Moquegua); Rosa Calderón Barja (23 años, 2018, accidente de tránsito, Camilaca-Tacna); Luis Felipe Vásquez López (28 años,  2018, accidente tránsito, Buldibuyo-La Libertad); María Ana Rivera Meza (25 años, 2018, accidente de tránsito, Tayacaja-Huancavelica); Helen Carolina Torres Castro (26 años, 2020, accidente de tránsito y ahogamiento en cruce del río Caychihue, Manu-Madre de Dios); Tomas Gutarra Andrés (24 años, 2020, accidente de tránsito, Llata-Huánuco); Pablo Humberto La Serna Gamarra (29 años, 2021, accidente de tránsito, Huancabamba-Piura); Liliana Suárez Vicharra y Mario Rubén Cuadros Toribio (39 y 25 años, 2021, accidente de tránsito, Bongorá-Amazonas); Lesly Sherly Sutizal Pablo (28 años, accidente de tránsito, 2022, Huachocolpa-Huancavelica.); Xenia Mejía Neyra (31 años, 2022, accidente de tránsito, Pampas Chico-Ancash).

[1] El artículo 1 de la Ley Nº 23330, Ley del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud-SERUMS, dispone (cursiva añadida): «Establécese el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud que será prestado por los profesionales de la Ciencias de la Salud que obtengan su título a partir de la vigencia de la presente Ley. La prestación del servicio constituye requisito indispensable para ocupar cargos en entidades públicas, ingresar a los programas de segunda especialización profesional y recibir del Estado beca u otra ayuda equivalente para estudios o perfeccionamiento».

[2] Es soprendente que los reclamos sobre este programa no hayan recibido mayor respaldo legal por parte de los propios colegios profesionales. Algunos de los posts disponibles en internet sobre el tema son: Rivas, A. (2022); Ascarza, L. (2021); Mejía, C.R., Valladares, M.J., Romero, B., Valladares, D. y Linares, E. (2018); Galán, E., Díaz, C., Villena, J. y Maguiña, C. (2010), entre otros.

Rocci Bendezú Barnuevo es profesora del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en derecho por la Universidad Pompeu Fabra, abogada penalista e investigadora.