Retos pendientes en materia de protección de los derechos de la comunidad LGTBIQ+
Es junio y nuevamente vemos diversos actores de la sociedad vestirse de colores para alentar el orgullo de la comunidad LGTBIQ .Pero, ¿cuándo vemos esto reflejado en materia de garantía de los derechos de las personas de esta comunidad?
Hasta el año 2017, el Perú no tenía un registro sobre la cantidad de personas que eran parte de esta comunidad[1]. De hecho, solo se ha realizado una encuesta (virtual) para conocer el porcentaje que forma parte de esta población[2]. Así, se refleja la falta de atención del Estado para con esta comunidad; pero no solo ello, sino que también la falta acciones concretas para reconocer su realidad y destinar esfuerzos para protegerla.
En Perú, ninguna persona trans puede cambiarse el nombre y/o sexo sin tener que atravesar un proceso judicial. A pesar de que en diversos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos[3] se ha reconocido el derecho a la identidad de género, en el Perú todavía no existe un mecanismo adecuado a través del cual las personas trans puedan ejercer este derecho.
En la misma línea, existe una falta de estudio respecto a la protección de los derechos de ciertos miembros de esta comunidad, como las mujeres trans, quienes últimamente vienen siendo privadas de su vida. En los dos primeros meses del año, al menos 6 mujeres trans ―quienes además eran trabajadoras sexuales― fueron asesinadas[4]. A pesar de ello, poco se ha hecho para conocer la realidad en la que se encuentran y cómo se debe actuar para protegerlas. De hecho, hay constantes denuncias de que estos casos no están siendo vistos con la debida diligencia para encontrar a un responsable[5].
Igualmente, es importante prestar especial atención a la situación de las personas miembros de la comunidad y que están privadas de libertad. Recientemente, la Defensoría del Pueblo realizó un informe en el que evidenció que los centros penitenciarios del país no identifican a miembros de esta comunidad, cuestión que es relevante para determinar el nivel de protección que requieren frente a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran[6]. Así se hace necesario contar con los mecanismos adecuados para identificar a miembros de esta comunidad en los centros penitenciarios, pero no solo en estos, sino que en otros espacios con el fin de garantizarles un espacio adecuado en el que puedan ejercer sus derechos.
De este modo, pueden plantearse diversos retos pendientes para una adecuada protección de la comunidad LGTBIQ, empezando por su visibilización. Así, es necesario contar con una nueva encuesta en la que se evidencie la cantidad de personas miembros de esta comunidad y las dificultades que enfrentan día a día en los diversos espacios en los que se desenvuelven. Todo ello con el fin de otorgar datos exactos para una adecuada atención de sus necesidades. Si bien la Defensoría del Pueblo realiza un trabajo exhaustivo identificando el nivel de desprotección en el que se encuentra esta comunidad, todavía hace falta actuación por parte del Estado respecto a la prevención de actos en contra de esta comunidad.
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2020). Caso Azul Rojas vs. Perú, § 47.
[2] Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2017). Primera encuesta virtual para personas LGTBIQ, 2017. Principales resultados.
[3] Casos Atala Riffo y niñas vs. Chile, Duque vs. Colombia, Vicky Hernández vs. Guatemala, entre otros.
[4] La República (2023, 23 de febrero). Colectivos LGTBIQ+ marchan ante los consecutivos crímenes de odio contra mujeres trans en este 2023.
[5] Chavez, R. (2022, 3 de abril). Los homicidios de la población LGTBI siguen sin obtener justicia en Perú. Ojo Público.
[6] Defensoría del Pueblo. (2023). Condiciones de internamiento de las personas LGTBI en 23 cárceles del Perú: análisis y recomendaciones para prevenir la tortura y malos tratos.
Autora: Brenda Santa María, voluntaria del Consultorio Jurídico UNICXS.
