Por qué, para qué y cómo imponer un castigo: análisis sobre el cálculo de multas

1. Las sanciones como un mecanismo para lograr la efectividad del ordenamiento jurídico

Una de las funciones que cumple el derecho en la sociedad consiste en influir y coordinar las conductas de las personas a través de normas. Para ello, las normas pueden, entre otros tipos de prescripciones, establecer mandatos que obliguen o prohíban cierto tipo de conducta entre las personas (a este conjunto de normas las llamaremos normas de conducta). A efectos de que las personas se vean incentivadas a cumplir estas normas de conducta, es necesario que existan otro conjunto de prescripciones que establezcan las sanciones por incumplir las normas de conducta. A este tipo de normas las llamaremos normas sancionadoras[1].

La sanción ante el incumplimiento de un mandato tiene el propósito de disuadir a las personas de su incumplimiento y, de ese modo, lograr la efectividad del ordenamiento jurídico y, hasta cierto punto, mantener cierto orden social. Sin sanciones efectivamente impuestas en el largo plazo, las normas que prescriben conductas no tendrían eficacia.

Dicho lo anterior, al decidir cómo actuar frente al incumplimiento de una norma de conducta, la autoridad sancionadora debe determinar lo siguiente: (a) cuál es el tipo de sanción más idóneo a imponer en un caso concreto; y (b) cuál será el contenido de esa sanción. Uno de los tipos más comunes de sanciones utilizados en el ordenamiento jurídico administrativo son las multas, las cuales trataremos a continuación.

2. Herramientas para racionalizar y objetivizar la determinación de las multas

La aplicación efectiva de las normas asociadas a la imposición de multas requiere tener herramientas que permitan cuantificar de manera objetiva su monto. Estos modelos de cálculo deben basarse en supuestos razonables y criterios claros que guíen de forma efectiva a los encargados de imponer las sanciones sobre el cálculo del monto e ―igual de importante― expliquen claramente a los administrados el razonamiento utilizado que sustenta la determinación del valor de la multa. Sin un método de cálculo preciso para determinar este tipo de sanciones, se puede incurrir en arbitrariedad y falta de previsibilidad frente al ciudadano, lo cual minaría la legitimidad de la autoridad.

En efecto, la falta de claridad en la cuantificación de las multas no solo genera confusión entre los sujetos operadores de justicia y los administrados, sino que también puede socavar la efectividad de los fines que se buscan promover o resguardar con la norma. Cuando las personas naturales o jurídicas no pueden prever con un alto grado de certeza las consecuencias financieras de sus acciones, se reduce el incentivo para cumplir con lo establecido por la norma. Esto puede llevar a una disminución en la observancia de las regulaciones e incluso a un incumplimiento generalizado, comprometiendo así los objetivos de la política pública y la integridad del sistema legal asociado.

3. El problema de subestimar o sobrestimar una multa

La falta de un método de cálculo claro puede llevar a situaciones indeseadas como la subestimación o sobrestimación de la multa. La subestimación del valor de una multa representa un problema significativo en la aplicación efectiva de las normativas legales. Cuando el monto de la multa es insuficiente para desincentivar la realización de acciones prohibidas, los agentes económicos pueden verse tentados a incrementar su incumplimiento de la ley, pues la reiteración les representa más beneficios que las multas por sus acciones. En este escenario, la falta de una sanción adecuada puede llevar a un aumento en las conductas ilícitas, erosionando la confianza en el marco regulatorio e incluso en el sistema legal asociado.

Por otro lado, la sobrestimación en la cuantificación de una multa también conlleva riesgos significativos. Un monto excesivamente alto puede resultar en consecuencias desproporcionadas, como la quiebra de empresas o el desaliento de la realización de ciertas actividades económicas. Esta situación no solo afecta a los infractores directos, sino que también puede tener un impacto negativo en la economía en general, limitando la innovación, la inversión y el crecimiento empresarial.

Por lo tanto, encontrar un equilibrio en el cálculo del monto de las multas es fundamental para garantizar una aplicación justa y efectiva de las normas legales. Tanto la subestimación como la sobrestimación de las sanciones pueden conducir a resultados no deseados que socavan los objetivos de la política pública y afectan la viabilidad y el dinamismo del entorno económico. En este contexto, es crucial adoptar enfoques metodológicos basados en supuestos razonables y criterios claros para asegurar que las multas sean proporcionadas y eficaces en la prevención de conductas ilícitas sin imponer cargas indebidas a individuos y empresas.

4. Hacia un modelo simple de cálculo de la multa: el modelo de partida

Una aproximación inicial a un método de cálculo sólido está dada por un modelo que considera como factores claves de la multa (M_F) al beneficio ilícito del infractor (B_i), la probabilidad de detección (P) y los factores agravantes y atenuantes (F).

El modelo tiene una aplicación que resulta muy intuitiva y evidencia claramente el esquema de incentivos detrás de su formulación. El esquema de incentivos detrás de la multa establece que la realización de la conducta infractora no le resulte más beneficiosa al infractor que cumplir la ley (cumplir la ley debe ser más beneficioso).

Como se desprende de la fórmula planteada, la multa (M_F) es el resultado de dividir el beneficio ilícito del infractor (B_i) entre la probabilidad de detección (P) y multiplicarlo por los factores agravantes y atenuantes (F). En ese sentido, la multa (M_F) se relaciona directamente con el valor del beneficio ilícito del infractor (B_i); es decir, a mayor beneficio ilícito, mayor debe ser la multa, lo que guarda correspondencia con que infractor no conserve nada de lo obtenido ilícitamente. Asimismo, se relaciona inversamente con la probabilidad de detección. Es decir, a menor probabilidad de detección, mayor es la multa. De esta manera se evita que el infractor perciba que su conducta le resultará beneficiosa frente a una baja probabilidad de detección por parte de la autoridad. Así, aunque esta probabilidad pueda ser menor, al ser la multa más alta que el beneficio ilícito, el resultado deberá desalentar la realización de la conducta indeseable.

Finalmente, los factores agravantes y atenuantes (F) están identificados en la normativa correspondiente, e incrementan o disminuyen la multa en función de que se pueda corroborar su presencia y, de forma práctica, suelen estar expresados en porcentajes que incrementan o reducen la multa. Así, por ejemplo, los factores agravantes incluyen la reincidencia, obstaculización de la actuación de la autoridad, etc.; y, los factores atenuantes incluyen el reconocimiento, mitigación, etc.

Conclusión

La implementación de un método de cálculo que permita cuantificar las multas es un paso importante hacia una aplicación objetiva y predecible de las normas. Sin embargo, cabe resaltar que la aplicación práctica de este método requiere considerar una serie de detalles específicos de la materia o el sector en el que se aplica. Factores como la normativa sectorial específica, la información disponible, el análisis costo-beneficio de la implementación y la cultura organizacional son elementos cruciales que deben ser incorporados en el método para garantizar su efectividad y legitimidad.

Es fundamental comprender que cada materia o sector tiene sus propias características y particularidades que pueden influir en la forma en que se deben aplicar las multas. Por ejemplo, las prácticas y dinámicas de mercado pueden variar considerablemente entre diferentes industrias, lo que hace necesario adaptar el método de cálculo a las condiciones específicas de cada materia o sector. Asimismo, la disponibilidad de información relevante y actualizada es esencial para realizar una evaluación precisa y justa de las multas, asegurando que las sanciones sean proporcionadas y equitativas.

En conclusión, el desarrollo de un método de cálculo para la aplicación eficaz de multas y alineada a los objetivos perseguidos por una determinada normativa requiere que el modelo simple de cálculo de la multa aquí presentado se adecue con un análisis en materia sectorial especializada. Es imprescindible considerar las particularidades y los desafíos específicos de cada materia o sector para diseñar un modelo que sea tanto justo como eficaz en la prevención y disuasión de conductas ilícitas. Al integrar estos elementos en un método de cálculo, se puede lograr un equilibrio entre la aplicación rigurosa de las normas y el respeto por las características únicas de cada sector, promoviendo así un entorno de cumplimiento legal más eficaz, predecible y justo.

[1] Al respecto, ver Rubio Correa, M. (2014). El sistema jurídico. Introducción al derecho (10.^a ed.). Fondo Editorial PUCP.