Si la Alianza del Pacífico no quiere bailar, pregúntale a la OMC

Debo comenzar esta nota con una confesión. Este artículo no trata sobre “baile” en el sentido estricto del término, sino en uno figurado, pues a nivel internacional a veces los Estados usan cierta flexibilidad y gracia, como en el ballet, para poder desplazarse a lo largo de la “pista de baile” y lograr sus objetivos.

En el caso concreto la “pista de baile” es el derecho del comercio internacional y los objetivos son lograr que los productos y servicios que se exportan desde el Perú puedan acceder a más mercados[1].

Tanto la Alianza del Pacífico (AP) como la Organización Mundial del Comercio (OMC), son “entidades” –disculpen que no ingrese a la discusión sobre la definición de organizaciones internacionales– que “administran” tratados de libre comercio; es decir, acuerdos en los cuales los Estados se han comprometido a reducir las barreras de acceso a bienes y servicios de que provienen de otro país que firmó el acuerdo.

Estos tratados solo son obligatorios en los términos que ellos indican. Si hay un producto o servicio que no se ha “liberado” en el tratado, este puede seguir siendo sujeto a condiciones o prohibiciones de ingreso en el territorio de otro Estado. Es por esto último que tanto la AP como la OMC son importantes para los comerciantes pues permiten negociar que se “liberen” más productos y más servicios: en el caso de la AP para sus cuatro miembros (Chile, Colombia, México y Perú); en el de la OMC a sus más de 160 miembros –incluyendo a los cuatro de la AP.

En este punto hemos llegado a la explicación del título de esta nota. Y es que, por más de 10 años, la AP ha sido el paradigma de administración eficaz y sencilla con una institucionalidad muy ligera, por no decir inexistente (normalmente se dirige con las reuniones de funcionarios y funcionarias altamente capacitados de cada país), que, sin embargo, no ha podido escapar a la política y a la realidad del poder presente en el escenario internacional.

Las relaciones entre Perú, Colombia y México se han visto limitadas por las reacciones de los dos últimos Estados a la asunción de Dina Boluarte como presidenta del Perú y ello genera que todos los procesos en la AP se vean ralentizados. El reconocimiento de la presidenta no es el único motivo, sino que es un hito en un camino que ya se venía preparando; pues al tener la AP la “organización” flexible antes mencionada, es muy sensible a los cambios de gobierno.

Esa organización ligera permitió logros, como el de ser el primer grupo de países que genera un seguro contra desastres naturales (que le dio beneficios a Perú) o integrar sus bolsas de valores, logros sui generis y vanguardistas que “liberaron” nuevos aspectos del mercado de bienes tangibles e intangibles. Sin embargo, ahora se tiene que esperar a un futuro incierto para ver logros similares.

Por otro lado, la OMC también había sido víctima por varios años de problemas políticos, en este caso, principalmente –pero no sólo– entre Estados Unidos y China, lo cual generó la paralización de la OMC por un par de años. Este letargo se levantó el año pasado en el que se lograron fuertes avances en temas como “subvenciones a la pesca” (siendo esto un área económica importante para Perú), comercio electrónico y la liberalización de derechos de propiedad intelectual para vacunas contra el COVID.

Frente al estancamiento de la AP, Perú puede invertir sus esfuerzos en las negociaciones en la OMC, como hizo en la última reunión de esta representando al GRULAC (Estados de América Latina y el Caribe) para “liberalizar” y lograr beneficios del comercio para sus ciudadanos y ciudadanas.

Si bien la “pista del baile” del derecho comercio internacional toca “ritmos políticos”, los Estados que los conocen cambian y se adaptan a los ritmos para lograr beneficios.

[1] Ello no deja de lado que, gracias a la importación de productos, el Perú también puede desarrollarse, pero ello, por espacio, no será discutido aquí.

Victor Saco es profesor asociado y docente a tiempo completo del Departamento Académico de Derecho de la PUCP. Es especialista en derecho internacional económico.