Walter Albán: "La institucionalidad democrática ha sido prácticamente demolida"
Antes de la finalización del periodo legislativo 2023-2024, el Congreso de la República intensificó diferentes iniciativas dirigidas a la reforma constitucional de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Ministerio Público, Reniec y ONPE. Debido a la indignación que han provocado en la opinión pública, destacan las iniciativas impulsadas por los congresistas Gladys Echaíz, por un lado, y Wilson Soto Palacios, por el otro.
En primer lugar, el proyecto de ley 6816/2023-CR, impulsado por la congresista Echaíz del grupo parlamentario Renovación Popular, (1) propone la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura; (2) eleva a nivel constitucional a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público; y plantea la elección de los jefes del Reniec y la ONPE a cargo del Senado. El proyecto fue presentado el 16 de enero del presente año y su dictamen fue aprobado por mayoría el pasado 6 de junio en sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento. Las señaladas medidas operarían mediante la modificación de los artículos 147, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 182 y 183 de la Constitución.
En segundo lugar, el proyecto de ley 8040/2023-CR, Ley de reforma constitucional que declara en reorganización a la Junta Nacional de Justicia y al Ministerio Público, y deroga el inciso 2 del artículo 154 de la Constitución, fue presentado el pasado 4 de junio por el congresista Soto Palacios del grupo parlamentario Acción Popular. El proyecto busca «reorganizar» la JNJ y el Ministerio Público mediante la modificación de la Constitución. Las funciones de la Junta serían asumidas por una comisión reorganizadora conformada exclusivamente por los expresidentes del Tribunal Constitucional. De esta forma, se busca derogar el inciso 2 del art. 154 de la Constitución, e incorporar una cuarta disposición transitoria especial.
En este contexto, conversamos con Walter Albán Peralta, profesor PUCP y exdefensor del pueblo, sobre estas diferentes iniciativas legislativas. Entre otras reflexiones, el profesor señaló lo siguiente:
Creo que primero habría que tener claro que estamos en el contexto de un creciente autoritarismo, un autoritarismo que tiene como particularidad, en el Perú, que proviene del Congreso de la República, pero que se reproduce también, en este momento, en el Ejecutivo y en otras instancias del Estado que han sido progresivamente copadas… Claro, cada cual con una función diferente. Entonces, desde que cayó el régimen del señor Castillo, que, todos recordamos, intentó un golpe de Estado, yo diría que lo que ha ocurrido es que no nos hemos liberado del golpe de Estado: nos hemos liberado de quienes lo conducen. Mejor dicho, hemos cambiado a quienes conducen esta afectación a la institucionalidad democrática. Lo que ha hecho el Congreso, entonces, es avanzar decididamente en controlar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, en iniciar contrarreformas en sectores importantes como el de educación, por ejemplo, y prácticamente desaparecer a la Sunedu y dar una serie de medidas que ciertamente están lejos de beneficiar al país; pero son medidas que benefician a grupos de poder y también, en varios casos, a organizaciones criminales.
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